Durante los
años de gobierno de la UCD (1977- 81) se afrontaron cuestiones críticas
en un clima de crisis económica y conflictividad social. Desde muchos sectores
se pedían amplias reformas políticas, pero estas reformas se veían amenazadas
por grupos que estaban dispuestos a imponerse mediante la violencia (grupos
terroristas, sectores del ejército, partidos ultras de izquierda y de derecha).
La situación económica
española se había deteriorado extraordinariamente desde finales de 1973, tras
la crisis del petróleo. La inestabilidad política hacía imposible la adopción
de medidas para luchar contra la crisis y a mediados de 1977 la inflación llegó
al 40 %, el déficit del Estado era enorme, el paro aumentaba cada vez más y la
conflictividad laboral se mantenía en unos niveles altísimos. Desde el gobierno
se propuso un pacto social entre todas las fuerzas políticas para hacer frente
a la situación. Tras negociar con todos los partidos se firmaron los Pactos
de la Moncloa (octubre de 1977), que establecían medidas para luchar contra
la inflación , una reforma fiscal (subida de los impuestos para las rentas más
elevadas) y al aumento de las prestaciones de la Seguridad Social.
Suárez convocó nuevas
elecciones generales (marzo de 1979), que confirmaron los resultados de las
elecciones de 1977. UCD obtuvo la victoria mientras que el PSOE fue el partido
más votado de la oposición. Pocas semanas después se convocaron elecciones
municipales, en las cuales el PSOE consiguió la alcaldía de las principales
ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia.
En noviembre de 1978 se
desmontó la llamada “Operación Galaxia”, un plan golpista que intentaba detener
las reformas políticas que se estaban llevando a cabo.
A principios de 1981, en medio
de una situación muy tensa, estalló una grave crisis política dentro de UCD al
discutirse el liderazgo de Suárez dentro del partido, y este presentó la
dimisión como presidente del gobierno. Aprovechando esta situación un grupo de
militares planeó un golpe de estado que ejecutaron el 23 de febrero de 1981,
cuando el Congreso de los Diputados votaba la investidura de Leopoldo Calvo
Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Más de 200 guardias civiles
dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero ocuparon el Congreso de los
Diputados y secuestraron al gobierno y a los diputados. Al mismo tiempo, en
Valencia, el general Milans del Bosch declaró el estado de guerra y ocupó
militarmente la ciudad. Durante unas cuantas horas se vivió una gran
incertidumbre porque muchos generales dudaban sobre qué actitud tomar.
Finalmente, el rey logró reconducir la situación (mediante un discurso
televisado en el que como jefe de las fuerzas armadas, desautorizaba el golpe)
y el golpe militar fracasó.
Tras el golpe se reprodujeron
las disputas internas en UCD. La crisis se acentuó cuando Fernández Ordóñez,
ministro de Justicia, impulsó la Ley de divorcio, que era apoyada por unos y
rechazada por otros. En pocos meses UCD se fragmentó definitivamente: algunos
ingresaron en el PSOE o en AP, Suárez constituyó un nuevo partido, el Centro
Democrático y Social (CDS). Ante esta situación, Calvo Sotelo disolvió las
Cortes y convocó elecciones generales.
Las elecciones generales del
28 de octubre de 1982 supusieron una victoria abrumadora para el PSOE, que,
con la promesa del cambio, obtuvo más de diez millones de votos y una amplia
mayoría absoluta. El segundo partido más votado fue AP, liderado por Manuel
Fraga. Tanto UCD como el CDS sufrieron un descalabro. El PSOE mantuvo su
hegemonía en sucesivas elecciones (autonómicas, municipales y generales de
1986, 1989 y 1993), hasta 1996.
Esta mayoría parlamentaria le
permitió llevar a cabo, sobre todo en los primeros años, una política de
modernización de España, extendiendo el régimen de Seguridad Social y
generalizando la sanidad pública, implantando un nuevo sistema educativo (la
LOGSE ampliaba hasta los 16 años la enseñanza obligatoria), y llevando a cabo
una reforma fiscal. Algunas reformas que atentaban contra los pilares de la
mentalidad franquista provocaron una grave polémica como la despenalización
parcial del aborto, el reconocimiento de la objeción de conciencia y el
servicio social sustitutorio.
En el terreno económico la
lucha contra la inflación y el paro fueron objetivos fundamentales del gobierno
y aunque se consiguió frenar la inflación (del 14% en 1982 al 8% en 1985), la
lucha contra el paro fue un importante fracaso del gobierno socialista, que
siguió creciendo hasta situarse en los niveles más altos de Europa, incrementado
por una obligada reconversión industrial que forzó el cierre de numerosas
empresas. El resultado fue un creciente descontento de los trabajadores que
culminó en la jornada de huelga general del 14 de diciembre de 1988 que
paralizó España. El terrorismo, que apareció en los últimos años del
franquismo, se convirtió en uno de los mayores problemas de la sociedad
española. ETA, que no aceptó el nuevo sistema político ni el estatuto de
autonomía vasco (querían la independencia lo que ellos denominaban Euskalerria,
que además de las tres provincias vascas comprendía Navarra y parte del País
Vasco francés) siguió actuando mediante atentados cada vez más indiscriminados
(en un primer momento solo atentaban contra los militares y los diferentes
cuerpos de la política, pero posteriormente comenzaron a atacar a todos los
sectores de la sociedad, como en el caso de la bomba de Hipercor). Para luchar
contra ellos se creó, con apoyo del Estado, el GAL (Grupos Antiterroristas de
Liberación) grupo terrorista que atentó contra militantes y simpatizantes de
ETA, uno de los asuntos más turbios de la época socialista, que al ser sacado a
la luz (los responsables fueron juzgados y encarcelados) influyó decisivamente
en la derrota socialista. Pero gracias al acuerdo entre los gobiernos de España
y Francia (1984), la lucha contra ETA recibió un gran impulso (Francia negó
asilo político a los terroristas de ETA, país que había sido el santuario de la
banda durante años). En 1989 el gobierno intentó una negociación con ETA, que
fracasó (conversaciones de Argel).
Respecto a la política
exterior, el último gobierno de UCD había aprobado la integración de España en
la OTAN, aunque el PSOE se opuso (bajo el lema «OTAN, de entrada no» inició una
activísima campaña en la calle solicitando un referéndum). No obstante, cuando
el PSOE llegó al poder, ante la evidencia de que la entrada en la OTAN estaba
muy relacionada con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea el
gobierno socialista, tras convocar un referéndum (1986) hizo campaña a favor de
la permanencia en la OTAN (aunque el gobierno obtuvo el sí, fue por un margen
pequeño, y supuso una profunda decepción para muchos de sus votantes). El 12 de
junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión de España a la CEE, que preveía la
entrada de España el 1 de enero de 1986.
Desde 1990 el descrédito del
gobierno fue en aumento al hacerse públicos una serie de gravísimos escándalos
que implicaban a dirigentes del PSOE: la financiación irregular del partido, el
enriquecimiento ilegal de importantes dirigentes socialistas, algunos de los
cuales tenían responsabilidades de gobierno (como Luis Roldán, director general
de la Guardia Civil), las escuchas telefónicas a algunas personalidades
políticas del país e incluso la guerra sucia contra ETA (los GAL). El clima
político era muy agrio y crispado entre el PSOE y el PP. Finalmente, CiU retiró
su apoyo al PSOE (en 1993 no había obtenido mayoría absoluta), y se convocaron
elecciones generales en 1996.
Las siguientes elecciones se
celebraron el 3 de marzo de 1996 y dieron una ajustada victoria al PP, aunque
en el 2000 nuevas elecciones le dieron mayoría absoluta. Los años del gobierno
de Aznar estuvieron marcados por éxitos y por fracasos. Se hizo una política
económica, basada en una orientación neo-liberal, encaminada a reducir el gasto
público en beneficio de la actividad privada, a la vez que se buscaban cumplir
los criterios económicos de convergencia económica europea para poner en marcha
la moneda única. El auge económico mundial, acompañó a esta política lo que
permitió reducir el paro y sostener las pensiones.
El problema del terrorismo fue
uno de los campos más complejos, sobre todo tras la crisis del verano de 1997,
cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, un concejal del PP tras un ultimátum
de ETA, provocó una gran movilización social.
El PNV y otras organizaciones
nacionalistas vascas firmaron en septiembre de 1998 el Acuerdo de Lizarra para
buscar una solución al conflicto vasco, siguiendo el modelo irlandés. Cuatro
días después Eta declaró una tregua indefinida, que rompió tras algo más de un
año. En el año 2000 se produjo una nueva escalada de atentados. Ante esta
situación PP y PSOE firmaron un Acuerdo por 6 las libertades y contra el
terrorismo. Pero en general la lucha contra el terrorismo fue positiva tanto en
el campo policial, como en lo político o lo judicial (ilegalización de HB,
detención de numerosos comandos, ataque a su aparato de financiación y a sus
medios de comunicación, etc.).
Sin embargo en otras
cuestiones su actuación política creó un fuerte rechazo de la sociedad, lo que
a la postre provocó su derrota electoral. Asuntos como la guerra en Irak, su
intransigencia frente a los grupos nacionalistas, el Plan Hidrológico Nacional
o la Ley de la Calidad de la Enseñanza fueron restándole apoyos. Los atentados
de la estación de Atocha días antes de las elecciones, de los que se consideró
responsable al gobierno por su participación en la guerra de Irak, provocaron
el cambio del voto de muchos españoles, lo que supuso la formación de un nuevo
gobierno socialista liderado por Rodríguez Zapatero (marzo de 2004).
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