12.2. Las etapas políticas de la democracia. Los gobiernos de la UCD. El golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. La alternancia política: gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular.

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Durante los años de gobierno de la UCD (1977- 81) se afrontaron cuestiones críticas en un clima de crisis económica y conflictividad social. Desde muchos sectores se pedían amplias reformas políticas, pero estas reformas se veían amenazadas por grupos que estaban dispuestos a imponerse mediante la violencia (grupos terroristas, sectores del ejército, partidos ultras de izquierda y de derecha).

La situación económica española se había deteriorado extraordinariamente desde finales de 1973, tras la crisis del petróleo. La inestabilidad política hacía imposible la adopción de medidas para luchar contra la crisis y a mediados de 1977 la inflación llegó al 40 %, el déficit del Estado era enorme, el paro aumentaba cada vez más y la conflictividad laboral se mantenía en unos niveles altísimos. Desde el gobierno se propuso un pacto social entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a la situación. Tras negociar con todos los partidos se firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), que establecían medidas para luchar contra la inflación , una reforma fiscal (subida de los impuestos para las rentas más elevadas) y al aumento de las prestaciones de la Seguridad Social.

Suárez convocó nuevas elecciones generales (marzo de 1979), que confirmaron los resultados de las elecciones de 1977. UCD obtuvo la victoria mientras que el PSOE fue el partido más votado de la oposición. Pocas semanas después se convocaron elecciones municipales, en las cuales el PSOE consiguió la alcaldía de las principales ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia.

En noviembre de 1978 se desmontó la llamada “Operación Galaxia”, un plan golpista que intentaba detener las reformas políticas que se estaban llevando a cabo.

A principios de 1981, en medio de una situación muy tensa, estalló una grave crisis política dentro de UCD al discutirse el liderazgo de Suárez dentro del partido, y este presentó la dimisión como presidente del gobierno. Aprovechando esta situación un grupo de militares planeó un golpe de estado que ejecutaron el 23 de febrero de 1981, cuando el Congreso de los Diputados votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Más de 200 guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero ocuparon el Congreso de los Diputados y secuestraron al gobierno y a los diputados. Al mismo tiempo, en Valencia, el general Milans del Bosch declaró el estado de guerra y ocupó militarmente la ciudad. Durante unas cuantas horas se vivió una gran incertidumbre porque muchos generales dudaban sobre qué actitud tomar. Finalmente, el rey logró reconducir la situación (mediante un discurso televisado en el que como jefe de las fuerzas armadas, desautorizaba el golpe) y el golpe militar fracasó.

Tras el golpe se reprodujeron las disputas internas en UCD. La crisis se acentuó cuando Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, impulsó la Ley de divorcio, que era apoyada por unos y rechazada por otros. En pocos meses UCD se fragmentó definitivamente: algunos ingresaron en el PSOE o en AP, Suárez constituyó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS). Ante esta situación, Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones generales.

Las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 supusieron una victoria abrumadora para el PSOE, que, con la promesa del cambio, obtuvo más de diez millones de votos y una amplia mayoría absoluta. El segundo partido más votado fue AP, liderado por Manuel Fraga. Tanto UCD como el CDS sufrieron un descalabro. El PSOE mantuvo su hegemonía en sucesivas elecciones (autonómicas, municipales y generales de 1986, 1989 y 1993), hasta 1996.

Esta mayoría parlamentaria le permitió llevar a cabo, sobre todo en los primeros años, una política de modernización de España, extendiendo el régimen de Seguridad Social y generalizando la sanidad pública, implantando un nuevo sistema educativo (la LOGSE ampliaba hasta los 16 años la enseñanza obligatoria), y llevando a cabo una reforma fiscal. Algunas reformas que atentaban contra los pilares de la mentalidad franquista provocaron una grave polémica como la despenalización parcial del aborto, el reconocimiento de la objeción de conciencia y el servicio social sustitutorio.

En el terreno económico la lucha contra la inflación y el paro fueron objetivos fundamentales del gobierno y aunque se consiguió frenar la inflación (del 14% en 1982 al 8% en 1985), la lucha contra el paro fue un importante fracaso del gobierno socialista, que siguió creciendo hasta situarse en los niveles más altos de Europa, incrementado por una obligada reconversión industrial que forzó el cierre de numerosas empresas. El resultado fue un creciente descontento de los trabajadores que culminó en la jornada de huelga general del 14 de diciembre de 1988 que paralizó España. El terrorismo, que apareció en los últimos años del franquismo, se convirtió en uno de los mayores problemas de la sociedad española. ETA, que no aceptó el nuevo sistema político ni el estatuto de autonomía vasco (querían la independencia lo que ellos denominaban Euskalerria, que además de las tres provincias vascas comprendía Navarra y parte del País Vasco francés) siguió actuando mediante atentados cada vez más indiscriminados (en un primer momento solo atentaban contra los militares y los diferentes cuerpos de la política, pero posteriormente comenzaron a atacar a todos los sectores de la sociedad, como en el caso de la bomba de Hipercor). Para luchar contra ellos se creó, con apoyo del Estado, el GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) grupo terrorista que atentó contra militantes y simpatizantes de ETA, uno de los asuntos más turbios de la época socialista, que al ser sacado a la luz (los responsables fueron juzgados y encarcelados) influyó decisivamente en la derrota socialista. Pero gracias al acuerdo entre los gobiernos de España y Francia (1984), la lucha contra ETA recibió un gran impulso (Francia negó asilo político a los terroristas de ETA, país que había sido el santuario de la banda durante años). En 1989 el gobierno intentó una negociación con ETA, que fracasó (conversaciones de Argel).

Respecto a la política exterior, el último gobierno de UCD había aprobado la integración de España en la OTAN, aunque el PSOE se opuso (bajo el lema «OTAN, de entrada no» inició una activísima campaña en la calle solicitando un referéndum). No obstante, cuando el PSOE llegó al poder, ante la evidencia de que la entrada en la OTAN estaba muy relacionada con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea el gobierno socialista, tras convocar un referéndum (1986) hizo campaña a favor de la permanencia en la OTAN (aunque el gobierno obtuvo el sí, fue por un margen pequeño, y supuso una profunda decepción para muchos de sus votantes). El 12 de junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión de España a la CEE, que preveía la entrada de España el 1 de enero de 1986.

Desde 1990 el descrédito del gobierno fue en aumento al hacerse públicos una serie de gravísimos escándalos que implicaban a dirigentes del PSOE: la financiación irregular del partido, el enriquecimiento ilegal de importantes dirigentes socialistas, algunos de los cuales tenían responsabilidades de gobierno (como Luis Roldán, director general de la Guardia Civil), las escuchas telefónicas a algunas personalidades políticas del país e incluso la guerra sucia contra ETA (los GAL). El clima político era muy agrio y crispado entre el PSOE y el PP. Finalmente, CiU retiró su apoyo al PSOE (en 1993 no había obtenido mayoría absoluta), y se convocaron elecciones generales en 1996.

Las siguientes elecciones se celebraron el 3 de marzo de 1996 y dieron una ajustada victoria al PP, aunque en el 2000 nuevas elecciones le dieron mayoría absoluta. Los años del gobierno de Aznar estuvieron marcados por éxitos y por fracasos. Se hizo una política económica, basada en una orientación neo-liberal, encaminada a reducir el gasto público en beneficio de la actividad privada, a la vez que se buscaban cumplir los criterios económicos de convergencia económica europea para poner en marcha la moneda única. El auge económico mundial, acompañó a esta política lo que permitió reducir el paro y sostener las pensiones.
El problema del terrorismo fue uno de los campos más complejos, sobre todo tras la crisis del verano de 1997, cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, un concejal del PP tras un ultimátum de ETA, provocó una gran movilización social.

El PNV y otras organizaciones nacionalistas vascas firmaron en septiembre de 1998 el Acuerdo de Lizarra para buscar una solución al conflicto vasco, siguiendo el modelo irlandés. Cuatro días después Eta declaró una tregua indefinida, que rompió tras algo más de un año. En el año 2000 se produjo una nueva escalada de atentados. Ante esta situación PP y PSOE firmaron un Acuerdo por 6 las libertades y contra el terrorismo. Pero en general la lucha contra el terrorismo fue positiva tanto en el campo policial, como en lo político o lo judicial (ilegalización de HB, detención de numerosos comandos, ataque a su aparato de financiación y a sus medios de comunicación, etc.).

Sin embargo en otras cuestiones su actuación política creó un fuerte rechazo de la sociedad, lo que a la postre provocó su derrota electoral. Asuntos como la guerra en Irak, su intransigencia frente a los grupos nacionalistas, el Plan Hidrológico Nacional o la Ley de la Calidad de la Enseñanza fueron restándole apoyos. Los atentados de la estación de Atocha días antes de las elecciones, de los que se consideró responsable al gobierno por su participación en la guerra de Irak, provocaron el cambio del voto de muchos españoles, lo que supuso la formación de un nuevo gobierno socialista liderado por Rodríguez Zapatero (marzo de 2004).

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