En 1962, durante la dictadura
franquista, España solicitó, por primera vez su integración en la CEE,
pero no obtuvo respuesta. Dos años después, volvió a intentarlo y como
resultado se iniciaron unas negociaciones que llevaron al “Acuerdo Comercial
preferencial” de 1970.
En 1977, establecido un
sistema político democrático, el gobierno de Adolfo Suárez solicitó la
integración plena en la CEE. En 1979 se iniciaron las negociaciones, a la vez
que lo hacía Portugal, para la adhesión.
Fueron unas negociaciones
largas y complicadas; por un lado coincidieron con un momento de crisis
económica general y por otro algunos países plantearon ciertas exigencias, por
ejemplo Gran Bretaña pedía la apertura de la frontera con Gibraltar y Alemania
la integración en la OTAN. En 1985 se permitió el libre tránsito de personas y
mercancías con Gibraltar. Respecto a la entrada en la OTAN, el último gobierno
de UCD había aprobado la integración de España en la OTAN, (1982) aunque el
PSOE se opuso (bajo el lema «OTAN, de entrada no» e inició una activísima
campaña en la calle solicitando un referéndum). No obstante, cuando el PSOE
llegó al poder, ante la evidencia de que la entrada en la OTAN estaba muy
relacionada con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, el
gobierno socialista, tras convocar un referéndum (1986) hizo campaña a favor de
la permanencia en la OTAN (aunque el gobierno obtuvo el sí, fue por un margen
pequeño, y supuso una profunda decepción para muchos de sus votantes).
Además España y Portugal
tenían un grado de desarrollo inferior a la media Europea.
Finalmente el 12 de junio de
1985 el Gobierno español firmó en Madrid el “Tratado y el Acta de Adhesión a
las Comunidades Europeas”, que fue ratificado en el Congreso y en el Senado y
en los parlamentos del resto de los socios comunitarios para entrar en vigor el
1 de enero de 1986.
La entrada de España en la CEE
fue acogida con satisfacción por la opinión pública, pero planteaba unos retos
muy grandes, porque la economía española, que históricamente se había
desarrollado en gran medida gracias a una política fuertemente proteccionista,
con unos elevados aranceles, tenía que adaptarse a un nuevo marco de relaciones
económicas basadas en el librecambismo.
La integración en la CEE se hizo
de forma gradual mediante un período transitorio. Durante ese periodo,
paralelamente a la disminución de los aranceles, los diferentes sectores
económicos tuvieron que hacer importantes sacrificios para conseguir una
producción competitiva con la de los otros países comunitarios. Ello supuso la
pérdida de numerosos puestos de trabajo e incluso el desmantelamiento o la
disminución drástica de algunos sectores: pesca, agricultura, construcción
naval, siderurgia. La contraprestación era la apertura para los productos
españoles de un mercado de millones de personas con una elevada capacidad
adquisitiva.
Los países miembros de la CEE
decidieron acelerar el proceso de construcción europea. El Acta Única Europea
(1986) permitió el establecimiento de un verdadero mercado interior sin
fronteras para los países de la CEE que posibilitaba la libre circulación de
personas, mercancías, servicios y capitales. Para asegurar la estabilidad en el
seno de la CEE se aprobaron los denominados fondos estructurales, que han comportado
el traspaso de rentas de los países económicamente más poderosos a los estados
menos desarrollados de la CEE, como España.
El proceso de integración en
Europa dio un paso fundamental con la aprobación del “Tratado de la Unión
Europea” o tratado de Maastricht (1992), que fijó la adopción de una política
económica común y el establecimiento de una moneda europea; para acceder a la
moneda común los países miembros de la Unión Europea tuvieron que cumplir una
serie de condiciones, especialmente el control de la inflación y del déficit
público, que provocaron la adopción de unas duras políticas 8 presupuestarias
(recortes en el gasto educativo, disminución de las pensiones, reducción de las
obras públicas, etc.).
En 1992 se inició un “Primer
programa de Convergencia” demasiado optimista, pero la crisis económica hizo
que dos años después se aprobará un “Programa de Actualización” más realista.
A partir de 1996, el gobierno
del PP dio prioridad al cumplimiento de los criterios de los requisitos para acceder
a la moneda única., además de poner en marcha distintos planes para alcanzar la
convergencia real en renta y empleo. En 1999 se lograron los requisitos para
acceder a la moneda única europea.
El euro entró definitivamente
en la vida de los españoles el 1 de enero de 2002. Al evitarse los cambios la
moneda única produjo menos costes en el comercio europeo pero la tendencia a la
equiparación de precios en todos los países provocó un aumento de la inflación
en los menos competitivos entre ellos España.
Además de la puesta en
circulación de la moneda única, la integración de España en la UE trajo otras
implicaciones económicas y políticas:
-La libre circulación de
personas, mercancías y capitales por todos los países de la UE.
-El impulso tecnológico tanto
de las empresas españolas al tenerse que convertir en empresas más competitivas
como de las empresas extranjeras que se instalaron en España.
-El principio de solidaridad y
cohesión entre los países más pobres y los países ricos de la Unión trajo consigo
los fondos europeos, pero si en principio España fue un país receptor de los
mismos actualmente se ha convertido en contribuidor.
España se halla en la
actualidad plenamente integrada en la UE.
Aunque durante las últimas
décadas los distintos gobiernos democráticos españoles han considerado
prioritario la integración en Europa, la consolidación democrática trajo
consigo nuevas líneas de actuación en el panorama internacional.
En los primeros años de la
transición, España tenía tantas cuestiones internas que resolver que se
desentendió de la política exterior, por ese motivo, además de la solicitud de
entrada en la CEE, sólo estableció relaciones diplomáticas con los países del
Este.
Pero una vez establecido los
distintos gobiernos se ocuparon de las relaciones con todos los países del
mundo.
La vinculación con sus socios
militares (OTAN) y económicos (CEE) la llevaron a participar en la guerra del
Golfo (1990) o en el envió de tropas a Bosnia.
En Iberoamérica se apoyaron
los procesos de democratización y se impulsó una política de cooperación y
solidaridad, fundamentalmente durante la etapa de gobierno socialista
(1982-1996). Se institucionalizó la Comunidad Iberoamericana de Naciones que
celebrará Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno anuales. Pero a partir de
1996 y con los gobiernos del PP, España se convirtió en uno de los mayores
inversores en Iberoamérica, principalmente en telecomunicaciones, energía y
banca. Fueron perdiendo importancia las Cumbres.
En el Mediterráneo, se
establecieron relaciones diplomáticas en Israel (1986) y se buscó la
pacificación de la zona lo que culminó con la Conferencia de Paz sobre el
Oriente próximo en 1991. Y se intentó fortalecer las relaciones con Marruecos,
no se reconoció a la República Saharaui pero tampoco se cuestionó la soberanía
de Ceuta y Melilla. Aunque las relaciones con Marruecos, actualmente han
mejorado siguen pasando por distintos altibajos. Tampoco se ha avanzado en el
asunto de Gibraltar.
Durante el
gobierno del PP se apostó por una política de seguridad y defensa, a la vez que
se fortalecieron las relaciones con los EEUU. A partir de 2001 la orientación
pronorteamericana se impone a la política europeísta produciéndose un
distanciamiento de Francia y Alemania.
España participa en las operaciones
militares de Afganistán e Irak (2002 y 2003). El centro de la nueva política
pasó a ser la lucha contra el terrorismo internacional.
Los atentados de la estación
de Atocha días antes de las elecciones, de los que se consideró responsable al
gobierno por su participación en la guerra de Irak, provocaron el cambio del
voto de muchos españoles, lo que supuso la formación de un nuevo gobierno
socialista liderado por Rodríguez Zapatero (marzo de 2004).
Fuentes:
No hay comentarios:
Publicar un comentario