12.3. La integración de España en Europa. Consecuencias económicas y sociales. La modernización de las infraestructuras. El Programa de Convergencia y la creación del euro.


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En 1962, durante la dictadura franquista, España solicitó, por primera vez su integración en la CEE, pero no obtuvo respuesta. Dos años después, volvió a intentarlo y como resultado se iniciaron unas negociaciones que llevaron al “Acuerdo Comercial preferencial” de 1970.

En 1977, establecido un sistema político democrático, el gobierno de Adolfo Suárez solicitó la integración plena en la CEE. En 1979 se iniciaron las negociaciones, a la vez que lo hacía Portugal, para la adhesión.

Fueron unas negociaciones largas y complicadas; por un lado coincidieron con un momento de crisis económica general y por otro algunos países plantearon ciertas exigencias, por ejemplo Gran Bretaña pedía la apertura de la frontera con Gibraltar y Alemania la integración en la OTAN. En 1985 se permitió el libre tránsito de personas y mercancías con Gibraltar. Respecto a la entrada en la OTAN, el último gobierno de UCD había aprobado la integración de España en la OTAN, (1982) aunque el PSOE se opuso (bajo el lema «OTAN, de entrada no» e inició una activísima campaña en la calle solicitando un referéndum). No obstante, cuando el PSOE llegó al poder, ante la evidencia de que la entrada en la OTAN estaba muy relacionada con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, el gobierno socialista, tras convocar un referéndum (1986) hizo campaña a favor de la permanencia en la OTAN (aunque el gobierno obtuvo el sí, fue por un margen pequeño, y supuso una profunda decepción para muchos de sus votantes).

Además España y Portugal tenían un grado de desarrollo inferior a la media Europea.

Finalmente el 12 de junio de 1985 el Gobierno español firmó en Madrid el “Tratado y el Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas”, que fue ratificado en el Congreso y en el Senado y en los parlamentos del resto de los socios comunitarios para entrar en vigor el 1 de enero de 1986.

La entrada de España en la CEE fue acogida con satisfacción por la opinión pública, pero planteaba unos retos muy grandes, porque la economía española, que históricamente se había desarrollado en gran medida gracias a una política fuertemente proteccionista, con unos elevados aranceles, tenía que adaptarse a un nuevo marco de relaciones económicas basadas en el librecambismo.

La integración en la CEE se hizo de forma gradual mediante un período transitorio. Durante ese periodo, paralelamente a la disminución de los aranceles, los diferentes sectores económicos tuvieron que hacer importantes sacrificios para conseguir una producción competitiva con la de los otros países comunitarios. Ello supuso la pérdida de numerosos puestos de trabajo e incluso el desmantelamiento o la disminución drástica de algunos sectores: pesca, agricultura, construcción naval, siderurgia. La contraprestación era la apertura para los productos españoles de un mercado de millones de personas con una elevada capacidad adquisitiva.

Los países miembros de la CEE decidieron acelerar el proceso de construcción europea. El Acta Única Europea (1986) permitió el establecimiento de un verdadero mercado interior sin fronteras para los países de la CEE que posibilitaba la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales. Para asegurar la estabilidad en el seno de la CEE se aprobaron los denominados fondos estructurales, que han comportado el traspaso de rentas de los países económicamente más poderosos a los estados menos desarrollados de la CEE, como España.

El proceso de integración en Europa dio un paso fundamental con la aprobación del “Tratado de la Unión Europea” o tratado de Maastricht (1992), que fijó la adopción de una política económica común y el establecimiento de una moneda europea; para acceder a la moneda común los países miembros de la Unión Europea tuvieron que cumplir una serie de condiciones, especialmente el control de la inflación y del déficit público, que provocaron la adopción de unas duras políticas presupuestarias (recortes en el gasto educativo, disminución de las pensiones, reducción de las obras públicas, etc.).

En 1992 se inició un “Primer programa de Convergencia” demasiado optimista, pero la crisis económica hizo que dos años después se aprobará un “Programa de Actualización” más realista.

A partir de 1996, el gobierno del PP dio prioridad al cumplimiento de los criterios de los requisitos para acceder a la moneda única., además de poner en marcha distintos planes para alcanzar la convergencia real en renta y empleo. En 1999 se lograron los requisitos para acceder a la moneda única europea.

El euro entró definitivamente en la vida de los españoles el 1 de enero de 2002. Al evitarse los cambios la moneda única produjo menos costes en el comercio europeo pero la tendencia a la equiparación de precios en todos los países provocó un aumento de la inflación en los menos competitivos entre ellos España.

Además de la puesta en circulación de la moneda única, la integración de España en la UE trajo otras implicaciones económicas y políticas:
-La libre circulación de personas, mercancías y capitales por todos los países de la UE.
-El impulso tecnológico tanto de las empresas españolas al tenerse que convertir en empresas más competitivas como de las empresas extranjeras que se instalaron en España.
-El principio de solidaridad y cohesión entre los países más pobres y los países ricos de la Unión trajo consigo los fondos europeos, pero si en principio España fue un país receptor de los mismos actualmente se ha convertido en contribuidor.

España se halla en la actualidad plenamente integrada en la UE.

Aunque durante las últimas décadas los distintos gobiernos democráticos españoles han considerado prioritario la integración en Europa, la consolidación democrática trajo consigo nuevas líneas de actuación en el panorama internacional.

En los primeros años de la transición, España tenía tantas cuestiones internas que resolver que se desentendió de la política exterior, por ese motivo, además de la solicitud de entrada en la CEE, sólo estableció relaciones diplomáticas con los países del Este.

Pero una vez establecido los distintos gobiernos se ocuparon de las relaciones con todos los países del mundo.

La vinculación con sus socios militares (OTAN) y económicos (CEE) la llevaron a participar en la guerra del Golfo (1990) o en el envió de tropas a Bosnia.

En Iberoamérica se apoyaron los procesos de democratización y se impulsó una política de cooperación y solidaridad, fundamentalmente durante la etapa de gobierno socialista (1982-1996). Se institucionalizó la Comunidad Iberoamericana de Naciones que celebrará Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno anuales. Pero a partir de 1996 y con los gobiernos del PP, España se convirtió en uno de los mayores inversores en Iberoamérica, principalmente en telecomunicaciones, energía y banca. Fueron perdiendo importancia las Cumbres.

En el Mediterráneo, se establecieron relaciones diplomáticas en Israel (1986) y se buscó la pacificación de la zona lo que culminó con la Conferencia de Paz sobre el Oriente próximo en 1991. Y se intentó fortalecer las relaciones con Marruecos, no se reconoció a la República Saharaui pero tampoco se cuestionó la soberanía de Ceuta y Melilla. Aunque las relaciones con Marruecos, actualmente han mejorado siguen pasando por distintos altibajos. Tampoco se ha avanzado en el asunto de Gibraltar. 

Durante el gobierno del PP se apostó por una política de seguridad y defensa, a la vez que se fortalecieron las relaciones con los EEUU. A partir de 2001 la orientación pronorteamericana se impone a la política europeísta produciéndose un distanciamiento de Francia y Alemania.

España participa en las operaciones militares de Afganistán e Irak (2002 y 2003). El centro de la nueva política pasó a ser la lucha contra el terrorismo internacional.

Los atentados de la estación de Atocha días antes de las elecciones, de los que se consideró responsable al gobierno por su participación en la guerra de Irak, provocaron el cambio del voto de muchos españoles, lo que supuso la formación de un nuevo gobierno socialista liderado por Rodríguez Zapatero (marzo de 2004).

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