El fin de la regencia de Espartero
En 1843 tras unas nuevas elecciones, que dejaron a Espartero sin apoyos, se formó una auténtica coalición antiesparterista. Este encargó formar Gobierno al progresista Joaquín María López, pero el programa de éste limitando los poderes del regente y el rechazo de Espartero le llevaron a dimitir. La insurrección se generalizó en verano de 1843, los progresistas se sublevaron ante la tiranía del general y triunfó gracias al apoyo de los moderados, el ejército dirigido por Narváez se pasó a los insurrectos y el 12 de agosto Espartero partía al exilio en Londres.
Ante la falta de alternativas, los diputados y senadores votaron el adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II que fue proclamada reina en noviembre de 1843, cuando todavía ni había cumplido los 13 años de edad. Los moderados, regresados del exilio, tomaron posiciones en la corte y Narváez se convertía en el hombre fuerte del momento. Una nueva insurrección en Barcelona era duramente reprimida por un entonces joven general Prim.
Tras la dimisión de López en noviembre le sucedió el progresista Salustiano Olózaga, que fue desalojado del poder gracias a un verdadero golpe palaciego de los moderados, terminando así el gobierno progresista. Desde diciembre de 1843 el nuevo jefe de Gobierno, González Bravo, emprendió una política claramente regresiva. Ordenó la disolución de las Milicias, aumentó el tamaño del ejército hasta los 100.000 hombres y restableció la Ley Municipal de 1840. Se dieron órdenes de detención contra los principales líderes progresistas y se cerraron sus clubes y periódicos. Además el Ejército aplastó dos sublevaciones militares en Cartagena y Alicante, con el resultado de más de 200 fusilamientos. El 1 de mayo de 1844 la Reina nombró presidente de Gobierno al general Narváez, líder ya indiscutible del partido moderado.
La década moderada 1844-1854
Con el Gobierno del general Narváez se inicia la década moderada, presidida por la figura de Narváez, hombre fuerte del partido, y en menor medida por Luís Bravo Murillo. Narváez controló la vida política tanto como jefe de Gobierno como cuando dejó de presidir el gabinete. Buen organizador fue el artífice de la Constitución de 1845 y algunas de las principales reformas legales, controló al Ejército y reprimió con extremada dureza a los movimientos populares.
Los primeros meses del gobierno de Narváez presentan una continuidad con la línea política llevada por González Bravo. Se convocaron elecciones para elegir unas Cortes constituyentes que aprobaron en 1845 una constitución moderada, que en teoría era una reforma de la de 1837. Los principios básicos de la nueva Constitución eran los siguientes: una Soberanía compartida entre el Rey y la Cortes, una declaración de derechos muy teórica, la exclusividad de la religión católica, la eliminación de los límites de los poderes del Rey, un Senado de miembros vitalicios nombrados por la Corona, ayuntamiento y diputaciones sometidos a la Administración al ser designados, poder de la Corona para disolver el Congreso y supresión de la Milicia Nacional.
Además se produjo una importante obra legislativa y reforma del Estado. En 1846 se aprobaba una Ley Electoral mediante sufragio censitario que limitaba el voto a 99.000 personas sobre una población de unos 12 millones (en 1837 votaban 635.000 personas). Desde 1844 se suspendieron las ventas de bienes desamortizados y se devolvieron a la Iglesia los no vendidos. Se aprobó una Ley de Imprenta que restringió la libertad de publicar y se restableció la censura. Ese mismo año se creó la Guardia Civil con el objetivo de asegurar el orden y la propiedad sobre todo en el ámbito rural. Contaba con 6.000 efectivos y se caracterizaba por la disciplina militar, las Casas Cuartel y su actuación por parejas. En 1851 se aprobaba un nuevo Código Penal y se sentaban las bases del futuro Código civil. Siguiendo el modelo francés y la reforma provincial de Burgos de 1833 se fortaleció el poder de Gobernadores civiles y militares. Finalmente en 1845 se reformaba la Hacienda eliminando el viejo sistema fiscal y refundiendo los numerosos impuestos existentes en cuatro tributos esenciales.
En 1851 se firmaba el Concordato con la Santa Sede siendo jefe de Gobierno Bravo Murillo. Se normalizaban las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. Roma aceptaba la venta de los bienes desamortizados y la legitimidad de la monarquía isabelina. A cambio, el Estado restituía a la Iglesia el resto de sus bienes, establecía un presupuesto de culto y clero y reservaba a los religiosos la supervisión de la educación y la vigilancia y censura en materia doctrinal. Regulaba la jurisdicción eclesiástica y la intervención del Estado en los nombramientos de la jerarquía.
Durante los primeros años un grave problema fue el matrimonio de la reina, finalmente unida a su primo Francisco de Asís. Otro conflicto serio fue la Segunda Guerra Carlista, iniciada en 1846 al fracasar el enlace entre el pretendiente carlista y su prima Isabel. En 1848 al igual que en toda Europa se produjeron sublevaciones, Narváez obtuvo plenos poderes de las Cortes, suspendió las garantías constitucionales y emprendió una durísima represión en las calles.
La crisis del partido moderado se produjo a partir del intento del jefe de Gobierno Bravo Murillo (1851-1852) de reformar la Constitución. Presentó un proyecto de reforma que prácticamente significaba la eliminación de la vida parlamentaria y casi una vuelta al absolutismo. Tres semanas después de presentar su proyecto, en diciembre de 1852, tuvo que dimitir sucediéndose varios Gobiernos a cual más ineficaz. A finales de 1853 era jefe de Gobierno Sartorius que había disuelto las Cortes y gobernaba de forma dictatorial.
El Bienio Progresista (1854-1856)
Este periodo comenzó con la revolución de 1854. El inicial pronunciamiento de general Leopoldo O´Donnell fracasó tras un enfrentamiento con las tropas del Gobierno en Vicalvaro, la Vicalvarada. Pero los pronunciados publicaron el Manifiesto de Manzanares, redactado por Antonio Cánovas del Castillo. Prometía un estricto cumplimiento de la Constitución, cambios en la Ley Electoral y de Imprenta, reducción de los impuestos y la restauración de la Milicia Nacional. Apoyado por los también generales Serrano, Dulce y San Miguel y por la población el golpe triunfó e Isabel II encargó el 26 de julio formar Gobierno al viejo general Espartero con O´Donnell como ministro de la Guerra.
Como primeras medidas los militares golpistas se auto ascendieron, se recuperó la Ley de Milicias de 1822, la Ley municipal de 1823 y se convocaron Cortes Constituyentes. En estas elecciones apareció una nueva fuerza política la Unión Liberal. Era un partido con vocación de centro, estando integrado por los más moderados de los progresistas y los más progresistas de los moderados como Joaquín María López, Posada Herrera, Cánovas o el mismo O´Donnell.
La coalición de unionistas y progresistas pasó a dominar abrumadoramente las cámaras. Demócratas y republicanos formaban la oposición con Castelar o Pi i Margall como figuras destacadas. Además de la constitución que debía sustituir a la de 1845 y que nunca entró en vigor sus principales reformas fueron la Desamortización de Madoz de 1855, la Ley de Ferrocarriles y la de Sociedades Bancarias y Crediticias de 1856.
La Constitución de 1856 era la imagen del pensamiento progresista. Soberanía nacional, una detallada y precisa declaración de derechos individuales, libertad de imprenta y religiosa, limitación de los poderes de la Corona y del Gobierno, los ayuntamientos y diputaciones pasaban a ser electivos, se restablecía la Milicia Nacional, el Senado sería electivo y se ampliaba el derecho de voto a 700.000 personas mediante sufragio censitario.
La Ley de Desamortización General se promulgó el 1 de mayo de 1855 siendo ministro de Hacienda Pascual Madoz. Se trataba de completar la de Mendizábal de 1836 mediante la subasta pública de toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, la Iglesia y los propios y baldíos de los municipios. Parte de los ingresos se destinaron a poner en marcha la Ley de Ferrocarriles de 1855. Se pasó así de 200 km de vías en 1853 a más de 5.000 en 1866 y se amasaron grandes fortunas especulando en Bolsa con las acciones de las empresas ferroviarias. La Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de 1856 permitió el surgimiento de un mercado financiero moderno.
Una de las claves del fracaso del Bienio fue el permanente clima de inestabilidad social. En 1854 se produjo una epidemia de cólera, se vivió un alza del precio del trigo como consecuencia de la guerra de Crimea, las malas cosechas, las tensiones entre patronos y obreros y sobre todo por el incumplimiento del Gobierno de las promesas hechas al principio del periodo. En Barcelona se produjo una huelga general en verano de 1855 tras la ejecución del líder obrero José Barceló. En octubre el Gobierno aprobó una Ley de Trabajo que reducía el trabajo infantil a “sólo” 12 horas, se permitían asociaciones obreras que no superasen los 500 miembros y se establecían jurados integrados sólo por patronos.
En los primeros meses de 1856 se sucedieron violentos motines en el campo castellano y las principales ciudades. El Gobierno perdió el apoyo de las Cortes y en julio la reina aceptó la dimisión de Espartero encargando formar Gobierno a O`Donnell. La protesta de las Milicias fue duramente reprimida por Serrano que llegó a bombardear el recién construido Congreso de los diputados.
El Gobierno de la Unión Liberal 1856-1868
La Unión liberal será el partido que dominará la vida política durante este periodo, incluía a militares como O`Donnell o Serrano ya miembros de los viejos partidos como Alonso Martínez, Ríos Rosas o Cánovas. Mientras se mantuvo la etapa de cierta prosperidad, hasta 1863, la Unión Liberal consiguió ejercer el poder sin graves problemas, desde ese año una crisis económica llevó a los Gobiernos a una actitud cada vez más intransigente.
Tras un breve periodo de Gobierno de O`Donnell en octubre Isabel II encargó la formación de un nuevo gabinete al general Narváez. Éste suspendió la desamortización, anuló todas las disposiciones de libertad de imprenta y cuantas se opusieran al Concordato y restableció el impuesto de consumos. 1856 y 1857 fueron años de malas cosechas y las protestas fueron duramente reprimidas. En materia legal, desarrolló una importante legislación financiera, se multiplicó la moneda en circulación y se continuó la política de obras públicas y construcciones ferroviarias. En 1857 se hizo el primer censo demográfico de población y se aprobaba la Ley de Instrucción Público, conocida como Ley Moyano.
En julio de 1858 la reina llamó al Gobierno a O´Donnell que comenzó su “gobierno largo” más abierto que Narváez era igual de autoritario. Otra figura destacada fue Posada Herrera “El gran Elector” que desde el ministerio de la Gobernación aseguraba la mayoría a su partido en las Cortes. Hasta 1863 hubo una estabilidad política, fue una etapa dorada para la especulación y la construcción ferroviaria, de la aparición y crecimiento de las sociedades de crédito y de los bancos, de una nueva expansión de la industria textil catalana y del surgimiento de los primeros altos hornos en Vizcaya y Asturias.
Sólo hubo dos problemas a destacar, por un lado en 1869 el conde de Montemolín intentaba un golpe de Estado en San Carlos de la Rápita, siendo detenido. Y en junio de 1861 se producía una insurrección campesina en Loja sofocada con la habitual dureza.
La política exterior de la Unión Liberal
A lo largo del siglo XIX España había carecido de una política exterior clara, lo que provocó una dependencia de Londres y París, hasta el punto de ver la ingerencia de ambas potencias en el asunto de los matrimonios de Isabel II y su hermana Luisa Fernanda entre 1845 y 1846. Sin embargo el Gobierno de la Unión liberal desarrolló una activa y agresiva política exterior para exaltar la conciencia patriótica y desviar la atención de los problemas internos.
La primera intervención fue la expedición hispano-francesa a Indochina (1858-1863). Luego la Guerra contra Marruecos (1859-1860). Tras las victorias de Castillejos y Wad-Ras se firmó una paz por mediación británica. La tercera intervención fue en el Méjico de Juárez en 1862 que terminó con la retirada española. Otras dos fueron la reincorporación de Santo Domingo en 1861 y la Guerra del Pacífico en 1866.
La crisis final del reinado (1863-1868)
La unión liberal se descomponía ante la falta de objetivos políticos y el desgaste que producía el ejercicio del poder. Militares como Prim y políticos como Sagasti se alinearon abiertamente con la oposición al sistema.
Los primeros síntomas de la crisis se produjeron en 1864 al comenzar a detenerse las construcciones ferroviarias, faltaron inversiones extranjeras, los precios cayeron, se produjo una falta de algodón y en 1866 un crack bursátil en toda Europa supuso la ruina de muchos pequeños inversores.
A todo ello hay que sumarle el clima de descontento político. En 1864 comenzó a enrarecerse el clima universitario. Determinados profesores krausistas como Sanz del Río, Canalejas o Cautelar defendían una apertura. En octubre de 1864 el ministro de Fomento, Alcalá Galiano, distó una Real Orden prohibiendo la difusión desde las cátedras de ideas contrarias a la religión católica, la monarquía o la Constitución. Desde la prensa Castelar o Salieron protestaron por el recorte de la libertad de cátedra, pero cuando se vendió parte del patrimonio nacional para cubrir el déficit y resarcir a la reina con el 25% de las ventas un artículo de Castelar se criticaba la legalidad de la operación. El Gobierno expedientó a Castelar y ordenó al rector Montalbán su expulsión. Éste rehusó y dimitió. Los estudiantes solicitaron permiso para una serenata de despedida. La noche del 10 de abril de 1865 se produjo un enfrentamiento entre miles de estudiantes y fuerzas de la policía que se saldó con 9 muertos y centenares de heridos. Las protestas por la matanza de la noche de San Daniel se generalizaron, además algunos de los estudiantes muertos pertenecían a familias influyentes. El propio Alcalá Galiano murió de un ataque de apoplejía y la reina llamó a formar Gobierno a O´Donnell.
El 22 de junio de 1868 se producía la sublevación del Cuartel de San Gil, donde 1.200 artilleros se amotinaron e intentaron hacerse con el control de Madrid. El cuartel fue tomado al asalto produciéndose 60 muertos a los que habría que sumar 66 ejecutados. Otro intento en Gerona fue aplastado por Narváez y el mismo Prim tuvo que exiliarse al fracasar su pronunciamiento en Villarejo de Salvanés. Narváez suspendió la Cortes, cerró todos los periódicos críticos y persiguió a cualquiera que criticase al Gobierno.
En 1868 progresistas, demócratas y republicanos firmaban el Pacto de Ostende. En 1867 moría O´Donnell y en 1868 lo hacía Narváez. Cuando Serrano y la misma unión liberal se unieron al pacto estaba claro que era el fin de la monarquía isabelina que se produciría en septiembre de 1868 tras la Revolución Gloriosa.
