EVOLUCIÓN POLÍTICA EN EL BANDO NACIONAL (1936-1939)

Cuando se planteó y organizó el golpe de Estado se acordó que la jefatura y dirección del mismo correspondiese al general Sanjurjo, que en ese momento estaba exiliado a consecuencia de su anterior intento de golpe en 1932. Sin embargo, el día 20 de julio moría en accidente aéreo nada más despegar su avión desde Lisboa. Se producía así un “vacío de poder” entre los sublevados.

Durante los primeros días el sistema que se empleó fue el de bandos que cada uno de los generales sublevados proclamaba en sus zonas de influencia Mola en el Norte, Queipo en Andalucía o Franco en Marruecos. Sin embargo para unificar y tratar de coordinarles a todos ellos se eligió el 24 de julio al general Cabanellas, el de mayor antigüedad, para que presidiese una Junta de Defensa Nacional compuesta por seis vocales y con sede en Burgos. Confiaban todavía los sublevados que el golpe no tardaría en triunfar más que unas semanas o a lo sumo unos pocos meses.

Esta Juntas estaría asesorada por una serie de comités que tomaron las primeras decisiones. Se restableció la bandera roja y gualda, se proclamó el estado de guerra a todo el territorio nacional, además se promulgó la ley marcial, con lo que casi todos los delitos pasaron a ser de jurisdicción militar y finalmente se sustituyeron a las autoridades civiles por militares.

En el capítulo meramente político se eliminaron los derechos de reunión y manifestación, se estableció la censura de prensa y se ilegalizaron todos los partidos y sindicatos del Frente Popular siendo todos sus bienes incautados. Pero es que además los mismos partidos que se habían sumado al golpe cuando no lo habían propiciado vieron sus derechos muy limitados, caso de la CEDA. Solamente la Falange y los Requetés mantuvieron cierto margen de acción, viendo reconocidos sus símbolos que eran los únicos permitidos a parte de los de carácter militar. Se puede concluir que durante el verano de 1936 en el bando nacional se pasó a un régimen de carácter militar.

En materia económica la Junta recibió importantes apoyos tanto de capitales como material. Cabe destacar especialmente al banquero Juan March en cuyos barcos se realizó parte del traslado de tropas entre Marruecos y la Península. Otro gran pilar económico fue el catalanista Francesc Cambó que aunque exiliado en Suiza terminó por aportar más que generosas cantidades al bando nacional. En general todos los grandes industriales, comerciantes y banqueros aportaron importantes sumas y su más que activa colaboración. Además la publicación de un decreto cancelando las medidas de la Reforma Agraria siendo las tierras expropiadas devueltas a sus anteriores propietarios y otro en el que se establecía una prestación personal de los campesinos para garantizar la recogida de la cosecha hizo que los terrateniente mirasen con muy buenos ojos a los sublevados. Finalmente en septiembre se organizó en Burgos una Junta delegada del Banco de España.

El cambio fundamental se produjo el 1º de octubre de 1936. En ese día varios de los más destacados de los generales sublevados se reunían en una pequeña caseta de un aeropuerto a las afueras de Salamanca. En esta reunión se otorgaba a Franco el mando de las operaciones, nombrándosele generalísimo de los Ejércitos, además de jefe del Gobierno y jefe del Estado. Todos estos títulos se le otorgaban de forma “provisional” hasta la finalización de la guerra. En la práctica Franco se hacía con todos los resortes de poder dentro del bando nacional convirtiéndose en un “caudillo”, título que pronto comenzaría a utilizar. Por otro lado este nombramiento representaba la preeminencia de los militares sobre los líderes políticos de la derecha que se habían sublevado en julio. Para asesorar al nuevo jefe del Estado se creó una Junta Técnica de Estado pero sin verdadero poder decisorio.

A nivel económico se hizo claro desde el principio la reorganización de toda la producción dentro de la zona controlada por los nacionales para contribuir al esfuerzo de guerra. Se implantó la ley marcial y se centralizó toda la administración. Un ejemplo de todo esto sería la ley de 23 de agosto de 1937 por la que se creaba el Servicio Nacional del Trigo. Este sería un órgano del Estado que controlaría la compra, venta y distribución de toda la producción nacional, así como los precios de compra y venta. La finalidad última de este organismo fue el de suministrar los recursos necesarios a las unidades del frente pero evitando carestías en las ciudades y zonas de retaguardia. Además con la fijación de los precios de compra se aseguraban las rentas de los campesinos. Con todo esto se podía contar con una cierta tranquilidad en las zonas de retaguardia.

En el capítulo financiero el dirigismo, anticipo de la autarquía, marcó la línea fundamental de actuación del nuevo estado. La Junta delegada del Banco de España en Burgos tomó una serie de medidas. Por un lado se emitió nueva moneda, declarando ilegal la republicana, se declaró también ilegal la salida del oro del Banco de España en Madrid decretada por el gobierno republicano, se recaudaron préstamos de financieros e industriales, como el caso de Juan March o Cambó y finalmente se realizaron compras de material y suministros a Alemania e Italia que posteriormente deberían ser pagadas.

El principal cambio en la política del nuevo Gobierno se puede encontrar a partir de l mes de enero de 1937 con la llegada desde la zona republicana del cuñado del dictador, Ramón Serrano Suñer, abogado, ex diputado de la CEDA y albacea testamental de José Antonio. Durante los meses pasados ya se comenzaba a notar el desprecio por los partidos y la mayor parte de los dirigentes políticos de la derecha española. Realmente a los dos únicos grupos que se toleraban era a falangistas y tradicionalistas, los cuales habían aportado gran cantidad de milicias voluntarios, las cuales fueron militarizadas en diciembre de 1936. Finalmente se produjo el esperado Decreto de Unificación el 19 de abril de 1937, por el cual se creaba un único partido político legal y autorizado en el bando nacional, Falange Española Tradicionalista y de las JONS. El nuevo partido quedaba bajo el mando directo de “el caudillo”, se establecía una Junta Política y un Consejo Nacional cuyas funciones serían meramente consultivas, es decir, se reproducía el modelo de Partido Fascista italiano. Además la decisión integraba dentro del mismo partido a grupos de ideología muy diversa lo que provocaría graves y grandes tensiones especialmente entre falangistas y tradicionalistas.

Meses después se fijaban los Estatutos del nuevo partido donde se incorporaban los puntos de la Falange elaborados por José Antonio, ideas tradicionalistas y sobre todo el ideario del dictador. El nuevo modelo sindical sería de tipo vertical, en oposición a los sindicatos horizontales de clase, los estudiantes se integraban en un único sindicato el SEU y las mujeres ocupaban un partido paralelo, la sección femenina, cuya función principal sería la de organizar sección de enfermeras, a establecer asociaciones de beneficencia, atención a los huérfanos, etc. Además se encargaron del Auxilio Social, creado en 1936 por la viuda de Onésimo Redondo.

Las leyes que se fueron tomando iban encaminadas a la desaparición de las libertades y la centralización del poder.

La principal de ellas sería El Fuero del Trabajo, entrando en vigor el 9 de marzo de 1938. Realmente se trata de una adaptación de la Carta dei Lavoro italiana con retoque por parte de la falange. De esta forma se regulaban las relaciones laborales y se creaban Magistraturas de Trabajo para solucionas los conflictos laborales.

El 28 de julio de 1936, se declara la censura previa en la zona controlada por los nacionales. En 1938 se aprueba la nueva Ley de Prensa que ratifica la censura previa. Además, se producen dos creaciones periodísticas durante la contienda que tienen una importante repercusión posterior: la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda (1937), Radio Nacional de España (1937), en la que colaboraron activamente los alemanes e italianos, y la Agencia Efe (1939).

En 1938 se reformaron los estudios de bachillerato con un claro componente ideológico.

En el campo religioso la unidad entre el nuevo Estado y la Iglesia católica fue cada vez mayor. Se declaró como única confesión tolerada la Católica, se reestableció el presupuesto de culto y clero, se volvió a permitir la enseñanza religiosa, se derogó la ley de Congregaciones y regresaron los jesuitas, se eximió a la Iglesia del pago de impuestos y se eliminó el matrimonio civil y por supuesto el divorcio. Realmente en este apartado y tras la pastoral de 1937 de apoyo a los sublevados se puede hablar de un nacional-catolicismo y de un total apoyo de la jerarquía eclesiástica al bando nacional.

La última de las leyes aprobada fue la Ley de responsabilidades políticas, en febrero de 1939. Que permitía juzgar por rebelión armada a todos los republicanos, así como la ilegalización de los partidos del Frente Popular.