Evolución política del bando republicano (1936-1939)

El 18 de julio dimite el jefe de Gobierno Santiago Casares Quiroga y es sustituido por Diego Martínez Barrio quien forma un ejecutivo que no llega a tomar posesión. Realmente su función consistió en contactar con el general Mola en Pamplona y tratar de llegar a algún tipo de arreglo. Ante la negativa de este último Martínez Barrio dimite siendo sustituido el 19 de julio por José Giral, también de Izquierda Republicana como Azaña.

La situación que encuentra Giral es demoledora. La red de gobernadores civiles y militares se encuentra desbordada y no se sabe quien es de confianza con lo que el Gobierno se ve incapacitado para impartir órdenes o realizar sus funciones. Realmente el poder a nivel provincial o local se encontraba en manos de comités revolucionarios organizados por los partidos y sindicatos, como los casos de Madrid, valencia o Barcelona.

Estos comités normalmente estaban presididos por algún líder obrero. Este sería el caso de Cataluña donde el denominado Comité de Milicias Antifascistas estaba controlado por la CNT, mientras que la Generalitat totalmente desbordada por el estallido revolucionario se limitaba a dar su aprobación sin apenas protesta. Cabe citar además a los siguientes comités: Comité Ejecutivo Popular de Valencia, Comité de Salud Pública de Málaga (como el francés de 1793), Comité de Guerra de Gijón, Consejo de la Cerdaña o Comité Antifascista de Ibiza.

Las primeras medidas del Gobierno republicano estuvieron limitadas por la existencia de numerosos comités de partidos que escapaban a su mando cuando no se oponían a los decretos del Gobierno. En la práctica transportes, comunicaciones, empresas, servicios públicos, talleres y especialmente seguridad y milicias se encontraban en manos de partidos y sindicatos. Incluso lugares como hoteles, peluquerías, y restaurantes fueron colectivizados y manejados por sus propios trabajadores.

El 2 de agosto se publico un decreto por el que el Gobierno se incautaba de todas las empresas, inmovilizaba cuentas corrientes y depósitos y se prohibía la transmisión de bienes inmuebles. Evidentemente también fueron incautadas todas las propiedades de la Iglesia.

Cabría destacar los siguientes decretos:

* Decreto del Gobierno de la República del 18 de julio declarando cesantes a los militares que participen en el golpe.
* Decreto declarando cesantes a los empleados del Gobierno que simpaticen con los golpistas del 25 de julio.
* Decreto de intervención de la industria del Gobierno del 25 de julio.
* Decreto de incautación de los ferrocarriles del Gobierno del 3 de agosto.
* Decreto de intervención en los precios de venta de alimentación y ropa del Gobierno del 3 de agosto.
* Decreto de incautación de fincas rústicas del Gobierno del 8 de agosto.
* Decreto de clausura de instituciones religiosas del Gobierno del 13 de agosto.
* Decreto de socialización y sindicalización de la economía del Gobierno autonómico catalán del 19 de agosto.
* Decreto de creación de los Tribunales Populares del Gobierno del 23 de agosto.

En conjunto, la España republicana asistió durante el verano de 1936 a una auténtica revolución social como así afirman numerosos testigos presenciales desde el embajador británico como a los mismos líderes políticos republicanos. Sin embargo, se oponían dos concepciones distintas de cómo debería ser esa revolución social. Por un lado la tendencia más moderada, personificada por los partidos republicanos o el ala más moderada del socialismo, partidaria de una economía de guerra y de controlar la revolución. Por otro los más radicales, encabezados por anarquistas y secundados por trotskistas y socialistas radicales, partidarios de de las colectivizaciones, tanto de empresas como de tierras y de llevar la revolución a sus máximas consecuencias.

Las tensiones internas no se hicieron esperar, además las continuas derrotas militares durante el verano lastraron la labor del Gobierno cada vez más incapaz de controlar la situación. El decreto del 3 de agosto estableció los “Batallones de voluntarios” en un vano intento de conformar un ejército que se opusiese a los nacionales. La realidad es que las unidades del ejército español que habían permanecido fieles al Gobierno republicano quedaban disueltas.

Ante estas circunstancial Giral dimite el 4 de septiembre siendo sustituido por Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT y conocido popularmente como el Lenin español, quien será el primer socialista en acceder al la jefatura del Gobierno. El nuevo Gobierno será de unidad, estando representados todos los partidos y sindicatos que permanecen fieles a la República, contando además con el apoyo explícito de la CNT.

Las principales tareas del nuevo Gobierno fueron las de recuperar su poder tanto político como económico y hacer frente a la ofensiva nacional creando un verdadero ejército.

En primer lugar se crearon los Comités Directivos de los Bancos, se restringió el movimiento financiero y se intentó racionalizar el proceso de la colectivización de la tierra.

Fue también este Gobierno el que gestionó los primeros envíos de material de guerra soviéticos. Material que tuvo que ser rigurosamente pagado con las reservas del Banco de España que fueron enviadas a Moscú.

A nivel militar se decidió la creación de las Brigadas Mixtas como unidad base del futuro Ejército Republicano Popular. Formada por cuatro batallones de infantería, cada uno de con cinco compañías, un batallón mixto de ingenieros, una compañía de intendencia y un grupo de sanidad. Si la brigada estaba bien dotaba también disponía de una compañía motorizada y cuatro baterías de campaña. Su número oscilaba entre 2.500 y 4.000 hombres.

Otra de las grandes decisiones del Gobierno fue la aprobación del estatuto de autonomía del País Vasco el 1 de octubre de 1936, siendo su primer Lehendakari el peneuvista José Antonio Aguirre.

A primeros de noviembre se producía un hecho histórico sin precedentes al incorporarse cuatro dirigentes anarquistas al Gobierno, además por vez primera en la historia una mujer ocupaba un ministerio, en este caso la anarquista Federica Montseny se hacía cargo del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

Una polémica decisión fue el traslado el 7 de noviembre de 1936 del Gobierno de Madrid a Valencia ante la cercanía de las columnas del general Varela, creando para la defensa de la capital una Junta de Defensa que asumió todas las responsabilidades en la organización de la defensa y la vida cotidiana. Las tensiones entre la Junta y el Gobierno no se hicieron esperar y además se añadieron otras nuevas con el recién constituido Gobierno vasco y también con la Generalitat de Cataluña.

Además en el Gobierno de Largo Caballero también estallan conflictos y disputas entre los dos modelos revolucionarios. El primero estaba encabezado por los anarquistas y el POUM, ambos enfrentados con el PCE. Además defendían la inmediata colectivización de las tierras y fábricas y la constitución de comunas como base de la producción. Este modelo estaba muy extendido en Valencia, Aragón y Cataluña, tendiendo su mejor ejemplo en el control que ejercía la CNT de los servicios públicos en Barcelona.

El segundo modelo, encabezado por socialistas y muy especialmente por los comunistas, defendía la necesidad de controlar la producción de las tierras y sobre todo empresas expropiadas para ayudar de forma definitiva al esfuerzo de guerra. Por consiguiente defendía una planificación de la producción y excluía a los comités de autogestión y el control descentralizado de muchas empresas. Fue este modelo el que terminó implantándose, especialmente gracias al poder que cada vez más fue tomando el PCE gracias a la ayuda militar de la URSS y a la existencia de numerosos asesores soviéticos en todas las esferas del gobierno, la administración y el Ejército, que les hacía disfrutar de un poder que no se correspondía con sus efectivos reales.

La tensión estalló el 3 mayo de 1937 en Barcelona. El Gobierno de la Generalitat, presidido por Lluis Cmpanys, decidió eliminar los comités de vigilancia y centralizar la dirección de orden público. El intento del responsable de asuntos interiores en el gobierno autonómico, Artemio Ayguadé de tomar la Telefónica produjo un tiroteo con los anarquistas que la ocupaban desde julio del año anterior. Durante cinco días anarquistas y trotskistas del POUM se enfrentaron a comunistas y fuerzas del orden, siendo los primeros derrotados. Las consecuencias no se hicieron esperar.

La insurrección fue esgrimida por el PCE contra el POUM para acusarles de fascistas y quintacolumnistas, exigiendo su ilegalización. Además del cierre de sus órganos de prensa y disolución de sus milicias. Ante la negativa de Largo Caballero los ministros comunistas presentaron su dimisión provocando una crisis que llevan al presidente a presentar su dimisión el 15 de mayo.

No se sabe a ciencia cierta cual fue la razón por la que fue elegido para el nuevo Gobierno Juan Negrín López y no Indalecio Prieto, que era el esperado por la opinión publica. Lo cierto es que en el nuevo Gobierno no habría representación ni de la UGT ni de la CNT. Además una de las primeras medidas tomadas fue la ilegalización del POUM el 15 de junio de ese mismo año, siendo detenidos sus dirigente. Cabe reseñar especialmente la detención de Andréu Nin que moriría asesinado por la GPU soviética en Alcalá de Henares el 20 de junio.

Negrín será el jefe de Gobierno hasta el final de la guerra contando cada vez más con el apoyo del PCE, sectores del socialismo y aunque a regañadientes con el de la CNT. Las medidas no se hicieron esperar. Indalecio Prieto junto con el general Vicente Rojo culminaban la formación del Ejército Republicano Popular, aunque no se pudo evitar la caída del Norte al menos si se plantearon varias ofensivas en distintos sectores. En agosto un plan conjunto de PSOE y PCE sirvió para fortalecer al Gobierno que extendió su control a todo el país. Se intentó regular la producción agraria para conseguir el abastecimiento de las ciudades y se intervino el la producción de unas 500 fábricas cuya producción se consideró de interés para el desarrollo de la guerra. Además en octubre se trasladaba el Gobierno de Valencia a Barcelona.

Sin embargo las derrotas militares se sucedieron especialmente cuando las tropas nacionales en marzo conseguían dividir la zona republicana en dos. En ese momento los sectores más moderados del Frente Popular comenzaron a plantear la posibilidad de una negociación para terminar con la guerra, sin embargo, Negrín con el decidido apoyo del PCE se negó tajantemente. Su idea era resistir todo lo posible y sin escatimar esfuerzos con la vana esperanza de que una guerra en Europa ayudase a la República. Además Prieto fue cesado como Ministro de la Guerra tras emitir un informe muy pesimista sobre las posibilidades militares de la República de realizar una nueva ofensiva.

La realidad no pudo ser más cruel. La ofensiva del Ebro fracasaba al poco de iniciada, la crisis de los Sudetes lejos de llevar a Europa a la guerra significó la claudicación de las potencias occidentales ante las fascistas y por si fuera poco la contra ofensiva nacional durante varios meses en el Ebro hacía que el Ejército Republicano quedase maltrecho y al borde del colapso en Cataluña. La posterior ofensiva sobre Cataluña y el exilio del Gobierno con su presidente a la cabeza, de toda la Generalitat y hasta del presidente de la República Manuel Azaña no hacían presagiar más que el fin de la lucha. Negrín regresaría a España el 9 febrero de 1939 pero tan sólo para ser testigo del fin de la República.

Dispuesto a poner en práctica su plan de continuar la guerra. El 21 de febrero se entrevista en Madrid con el coronel Casado. Cuando sabe de la renuncia de Azaña, el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, comunica a Negrín que estaría dispuesto a sustituirle si el jefe de Gobierno emprende una política encaminada hacia una paz inmediata y honrosa. Pero no hubo contestación puesto que de inmediato surgieron los sucesos derivados de la conspiración dirigida por Segismundo Casado. Casado define el Gobierno de Negrín como “una dictadura... Al servicio de una potencia extranjera”. En la entrevista con Negrín en Madrid, Casado le dice que es imposible seguir la guerra. Casado había suspendido en Madrid la publicación de Mundo Obrero por un ataque a Largo Caballero. La guerra entre Casado y los comunistas estaba servida. En la reunión del aeródromo de los Llanos, en Albacete, entre Negrín y los principales jefes militares, según Casado todos los jefes militares estaban de acuerdo en que la guerra no debía continuar.

En los tres primeros días de marzo la situación se complico acusándose mutuamente de intentar un golpe de Estado casadistas y comunistas. El día 2 Matallana y Casado se reúnen con Negrín en Yuste y marchan luego a Valencia para reunirse con otros jefes militares.

El día 5 Casado y sus tropas toman los principales edificios oficiales de Madrid y se constituye el Consejo Nacional de Defensa. Besteiro, la mas importante personalidad política sumada a la conjura, acusa a Negrín de fanatismo pedía la obediencia al Consejo. En los días siguientes se producen enfrentamientos en Madrid entre unidades comunistas y las de Casado y el anarquista Cipriano Mera, que acabo con la derrota de los comunistas. El consejo quedo instalado y se disponía a emprender negociaciones de paz con Franco.

Cuando Negrín que estaba en Elda, se enteró de lo ocurrido en Madrid, destituyó a Casado e intentó detener su acción. Al no conseguirlo, Negrín, sus ministros y algún mando comunista abandonan el país en avión.

El 23 de Marzo parten para Burgos los comisionados de Casado, para reunirse con Franco, en esta reunión se discutirán las condiciones que Franco imponía y se acordó que era imposible cumplirlas. El día 25 se celebro otra reunión. El día 26 Casado y sus colegas recibieron una comunicación de que Franco se disponía a realizar un ataque y recomendaba recibirlo con la bandera blanca. Las negociaciones se habían roto. El 28 de marzo las tropas de Franco entrarían en Madrid, el 31 Alicante seria ocupado y el 1 de abril la guerra terminó y la Republican