El bienio radical-cedista
Tras la crisis del Gobierno el 8 de septiembre se formaba uno nuevo presidido por Martínez Barrio con el único propósito de convocar nuevas elecciones. Celebradas estas en un clima de tensión, aunque sin violencia y de forma democrática, se produjo la victoria de las derechas, encabezadas por la CEDA de Gil Robles con 115 diputados y el PRR de Lerroux con 102. Por su parte socialistas, pasando de 99 a tan solo 60 escaños, y republicanos, IR pasaba a tan solo 5 diputados y ERC se quedaba con la mitad que dos años atrás, sufrían un fuerte descalabro.
A los pocos días de la victoria del centro-derecha, el 8 de diciembre la CNT desencadenó una insurrección armada. El Gobierno sabedor de los preparativos detuvo previamente a los líderes más significados, aún así el saldo final fue de 89 muertos, 163 heridos y más de 700 detenidos. El 16 de diciembre Lerroux formó un Gobierno con sólo miembros de su partido, pero con el apoyo parlamentario de la CEDA. La gestión de los radicales durante los nueve meses de enero a octubre de 1934 fue bastante difícil. Además de sufrir crisis ministeriales frecuentes por los desacuerdos que entre ellos mismos había, la actuación del gabinete estuvo mediatizada por la presión de la CEDA.
El Gobierno paralizó por completo la reforma agraria. Detuvo el proceso de entrega de tierras e hizo derogar la ley de Términos Municipales. También se decretó la libertad de contratación y de fijación de salarios del campo. La reforma militar quedó también detenida y se puso en destinos clave a militares como Goded, Cabanellas, Mola o Franco. Las Cortes fijaron derechos pasivos del clero y se paralizó el proceso de secularización de la enseñanza. El estatuto de autonomía vasco fue aplazado indefinidamente y con Cataluña surgió un enfrentamiento cuando el Parlament aprobó una ley, que convertía en propietarios a los arrendatarios de tierras tras 12 años, que posteriormente fue declarada por el Tribunal de Garantías Constitucionales como anticonstitucional. La respuesta del Gobierno de Lluis Companys fue aprobar una nueva Ley prácticamente idéntica.
Ante la serie de medidas contra la política agraria anterior, la UGT organizó una huelga general de campesinos, que arrastró a 300.000 jornaleros en 500 pueblos repartidos en 38 provincias, a partir del 5 de junio. Duró 12 días, en medio de enfrentamientos con las fuerzas del orden al haber sido declarada ilegal por el ministro de la Gobernación. La huelga fracasó, hubo 13 muertos y más de 7.000 detenidos, así como el cierre de numerosas Casas del Pueblo y periódicos socialistas.
La revolución de octubre de 1934
En este contexto se produjo la revolución de octubre de 1934, sin duda el momento más crítico de la historia de la IIª República. El clima de enfrentamiento en las Cortes, los conflictos continuos en el campo, los incidentes en la Universidad entre la FUE y los falangistas y la tensión política existente entre el Gobierno y los nacionalistas, además de la radicalización de la opinión pública, generaron una situación explosiva que llevó a la izquierda obrera a preparar un golpe de Estado. La posible entrada en el Gobierno de la CEDA se interpretaba como el triunfo del fascismo. Cuando el 1 de octubre de 1934 se produjo la crisis ministerial y se formaba un nuevo gabinete con la presencia de tres cedistas las izquierdas se lanzaron a la revolución antidemocrática.
El día 5 el paro fue general en todas las ciudades del país. En Asturias la movilización se convirtió en una insurrección revolucionaria armada. Todos los obreros asturianos se alzaron en armas, perfectamente organizados y preparados. En dos días controlaron toda la provincia, destituyeron a las autoridades republicanas y conquistaron la propia capital en duros combates contra el Ejército, incendiando además la Universidad de Oviedo. Organizaron los suministros, controlaron la producción industrial, crearon servicios de vigilancia y se organizaron en comités de gobierno. Se trataba abiertamente de una revolución marxista, en la que los proletarios se alzaron con todo el poder.
Pero el movimiento fracasó en Madrid. El Gobierno reaccionó rápidamente y en la misma noche del día 4 las tropas fueron acuarteladas. Los principales dirigentes socialistas y comunistas fueron detenidos el día 8, mientras se sucedían los combates callejeros. En Cataluña, el apoyo del propio Companys hizo triunfar por unas horas la revolución, pero dos días después el general Batet, tras hacer bombardear la sede de la Generalitat, consiguió recuperar el control de la ciudad y obtuvo la rendición del gobierno catalán que se había sublevado. En el resto del país, el paro fue total los primeros días, y en muchos lugares se produjeron conatos de insurrección sobre todo donde los obreros de afiliación socialista eran mayoría. Pero no llegaron a cuajar al estar aislados entre sí y al no contar con apoyo campesino. Tampoco la CNT quiso unirse a la sublevación. Por eso, hacia el día 12 el golpe de Estado había sido sofocado en todas partes, salvo en Asturias.
Para combatir la sublevación asturiana el Gobierno entregó el mando de las operaciones militares a Franco, entonces jefe de Estado Mayor, el cual hizo traer a tropas de la Legión y los Regulares poniendo al frente de estas unidades al general López Ochoa. El día 10 los legionarios desembarcaron en Asturias y comenzaron a reconquistar casa por casa Oviedo, frente a una resistencia obrera feroz. La misma resistencia se produjo en toda la cuenca minera, hasta que, finalmente, el día 19 se pactó una rendición. El balance de la sublevación fue durísimo: 1.051 muertos y más de 2.000 heridos entre los sublevados, 284 muertos y cerca de 900 heridos entre las fuerzas republicanas. Además, 30.000 detenidos, incluidos Companys, líderes socialistas y muchos de los alzados en armas.
El final del bienio radical
La vida política se polarizó en el enfrentamiento ante las condenas fijadas tras la revolución, entre los partidarias de llevarlas hasta el fin, ejecuciones incluidas, y quienes reclamaban una amnistía. La opinión pública y el presidente Alcalá-Zamora estaban a favor del indulto para González Peña, el líder obrero socialista en Asturias, y 19 revolucionarios más condenados a muerte. La CEDA y otros partidos de la derecha pedían la ejecución de las sentencias. Finalmente en marzo de 1935 Lerroux, jefe de Gobierno, firmó los indultos, lo que provocó que la CEDA abandonara el Gobierno.
Durante el año 1935 se fueron gestando dos grandes coaliciones de partidor. Por la derecha y encabezados por Calvo Sotelo se creó el Bloque Nacional, única alternativa a la CEDA de Gil Robles. Pero más importante fue la unión de las izquierdas. Las campañas proamnistía para los presos de octubre unieron a todos los grupos, desde la Unión Republicana hasta la CNT, a través de los Comités de Ayuda a los Presos y, en el caso de socialistas y comunistas, a través de las Alianzas Obreras. Reclamaban la disolución de las Cortes y nuevas elecciones. Azaña, liberado a finales de diciembre de 1934, se convirtió en el gran referente de la izquierda republicana, especialmente tras sus mítines de Mestalla (Valencia), 26 de mayo, y Madrid, el 20 de octubre de 1935, con el Gobierno Radical hundido por los escándalos.
El Gobierno decretó la suspensión del Estatuto de Cataluña, consecuencia de la participación del gobierno de Companys en el golpe, el cual fue condenado a 30 años de prisión. El 1 de agosto se aprobó una nueva Ley de Reforma Agraria, limitando el presupuesto del IRA y fijando un máximo de 2.000 familias campesinas asentables por año. Además, otorgaba al Tribunal Supremo la última decisión sobre las indemnizaciones. La nueva Ley de arrendamientos impedía a los campesinos acceder de forma automática a la propiedad. En agosto al no renovarse la ley de yunteros muchos campesinos perdieron las tierras anteriormente repartidas por Azaña. En noviembre de 1935 el paro llegaba a 800.000 personas.
Por otra parte el Gobierno vivía en continua crisis y dependiendo del apoyo de la CEDA en el parlamento. Los cambios de ministros fueron frecuentes durante 1935, y la actitud de Alcalá-Zamora era cada vez más crítica con el gabinete. Desde abril de 1935 Gil Robles ostentaba la cartera de Guerra, nombrando a Franco, Fanjul o Goded en puestos clave. La crisis definitiva se desencadenó en octubre, ya con el radical Chapaprieta como jefe de Gobierno, cuando estalló el escándalo del straperlo. Se trataba de una autorización hecha por altos cargos, previo soborno, a un fabricante holandés, Strauss, para introducir en casinos españoles una máquina de juego. Finalmente el 30 de diciembre se formó un Gobierno puente con el compromiso de disolver las Cortes y convocar elecciones, decreto que firmo Alcalá-Zamora el 7 de enero de 1936, cavando así su propia tumba política.
La elecciones de 1936 y el Frente Popular
El 15 de enero de 1936 se firmó al Pacto del Frente Popular, sobre un programa de mínimos, volver a poner en marcha la legislación del primer bienio (educación, obras públicas, reforma agraria, reforma laboral, etc.), ahora sin dilación, decretar una amnistía, anular todas las sentencias y medidas por la revolución de octubre, y restablecer las garantías constitucionales. Participaron de este Frente Izquierda Republicana, Alianza Republicana, POUM, PSOE y el PCE, verdadero inspirador el acuerdo, siguiendo las estrictas órdenes de Stalin desde Moscú. Por su parte la derecha concurrió a las elecciones en dos listas principales el Bloque Nacional y la CEDA.
La campaña electoral y las elecciones se celebraron con relativo orden, pese al clima de violencia, sobre todo verbal, y el clima de levantamiento latente. El día de las elecciones acudió a votar el 72% del censo y el resultado fue de 263 escaños para el Frente Popular por 210 de los partidos de centro derecha. La participación electoral de los afiliados CNT, ante el hecho de que buena parte de sus dirigentes estaban en la cárcel, y la desunión de las derechas explican el resultado.
El impacto fue fulminante. En los días siguientes, sin esperar a la segunda vuelta de las elecciones ni a la proclamación de resultados, los grupos de izquierdas asaltaron las cárceles dejando en libertad a los detenidos por el golpe de Estado de 1934. Azaña tuvo que formar un Gobierno antes siquiera de la apertura de las Cortes. El Gobierno puso en marcha el programa del Frente Popular de inmediato. Decretó una amplia amnistía y comenzó a reponer en sus puestos a los funcionarios expulsados en 1934. Se restableció el Estatuto catalán y la Generalitat y los generales más conservadores fueron enviados a destinos alejados: Goded a Baleares, Mola a Pamplona y Franco a Canarias.
Sin embargo, el resultado más significativo de aquellos meses fue la ocupación sistemática de fincas y la puesta en marcha de la reforma agraría. El Gobierno suspendió los juicios por desahucio y devolvió la tierra a los campesinos. Pero los sindicatos agrarios decidieron ocupar fincas y ponerlas en explotación. El 20 de marzo un decreto del Gobierno autorizaba al IRA a expropiar cualquier finca de forma inmediata. 80.000 campesinos procedieron a ocupar de inmediato los principales latifundios, provocando enfrentamientos con los terratenientes y la Guardia Civil, además los primeros a partir de verano se negaron a contratar jornaleros, prefiriendo perder las cosechas. El 15 cde junio se restablecía la Ley de Bases de la Reforma agraria, desde febrero hasta julio se habían asentado a 110.000 familias campesinas.
Poco a poco el Gobierno fue perdiendo el control de las calles y desde el mes de abril se sucedieron las luchas callejeras, las provocaciones y los asesinatos entre grupos radicales. Nada más constituirse las nuevas Cortes, el 7 de abril, su primera decisión fue destituir al Presidente Alcalá-Zamora. El artículo 81 de la Constitución preveía esta posibilidad si un presidente disolvía las Cortes por segunda vez en su mandato y la nueva Cámara estimaba improcedente la disolución de la anterior. Así que los diputados elegidos gracias a esa decisión consideraron injustificada la disolución decretada, algo a todas luces falso. La decisión supuso uno de los mayores errores del Frente Popular que se apresuró a nombrar a Azaña como nuevo presidente el 10 de mayo. Pero el PSOE dividido entre los más moderados como Prieto y los partidarios de la unión con el PCE y la revolución, como Largo Caballero, no pudieron formar Gobierno, designando Azaña a su compañero de partido Santiago Casares Quiroga como nuevo jefe del Gabinete.
Se continuó con la obra legislativa del primer bienio, prosiguiendo su trámite legal los dos estatutos de autonomía de País Vasco y Galicia. Ante la situación de violencia en las calles y en las universidades Falenge fue declarada ilegal el 15 de marzo, tras el atentado contra el socialista Jiménez de Asúa. El 16 de junio Gil Robles en el Parlamento exponía las siguientes cifras para cuatro meses de gobierno: 269 homicidios, 1.287 heridos, 170 iglesias quemadas, 133 huelgas generales y 216 parciales. La posterior intervención de Calvo Sotelo se saldó con amenazar desde las filas comunistas, Pasionaria afirmo que “este hombre ha hablado por última vez”, y por parte del mismo presidente del Gobierno.
Las derechas comenzaron a conspirar, se produjo un primer intento el 20 de abril, que no llegó siquiera a cuajar. Finalmente los políticos recurrieron a los generales y Emilio Mola fue designado como “El Director”, encargado de planificar el golpe de Estado. Lo encabezaría Sanjurjo, exiliado en Portugal, y tendría como objetivo imponer un Gobierno conservador pero republicano. Los preparativos estaban bastante avanzados cuando el 12 de julio de 1936 se produjo el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto, el socialista Castillo, que fue respondido con la detención y posterior asesinato de José Calvo Sotelo por los mismos Guardias. Al parecer este hecho acabó por decidir al indeciso Franco, así como a otros muchos conservadores, escandalizados por que las mismas fuerzas de seguridad, secuestrasen y asesinasen a uno de los líderes parlamentarios. Cuando el 17 de julio comenzó la insurrección el Gobierno de Casares Quiroga todavía pensaba que se podría dominar la situación, dos días después y tras otros tantos jefes de Gobierno la guerra civil era un hecho.
