Isabel II (1833-1843): Las regencias

La Regencia de María Cristina: 1833-1840

La Regencia de María Cristina se inicia en octubre de 1833 tras la muerte de Fernando VII. Se continúa con el mismo presidente del Gobierno, el absolutista moderado Cea Bermúdez, este publicó un manifiesto en la que indicaba que las únicas reformas políticas a las que estaba dispuesto a emprender eran las administrativas y manifestaba su intención de defender el régimen frente a toda innovación religiosa o política e insistía en mantener las leyes fundamentales de la Monarquía. Con un país en guerra este proyecto era claramente inviable, fue entonces cuando los capitanes generales de Cataluña, Llauder, y de Castilla, Quesada, enviaron sendos manifiestos a la reina gobernadora aconsejando la destitución de Cea, además otros consejeros como el marqués de Miraflores la recomendaron buscar un Gobierno más aperturista. En enero de 1834 María Cristina sustituyó a Cea por Martínez de la Rosa, liberal doceañista que ya había presidido un gobierno moderado durante el Trienio Liberal.

Desde 1834 el régimen inicia una tímida apertura política, pero tanto la reina gobernadora como sus ministros Martínez de la Rosa y el conde de Toreno, fueron reacios a acometer las drásticas reformas necesarias para sanear la Hacienda, relanzar la actividad económica, democratizar el sistema y ganar la guerra.

El cambio más importante fue la aprobación en abril de 1834 del estatuto Real, se trataba de una cara otorgada que seguía el modelo impuesto por Luís XVIII en Francia en 1817. Era una concesión de la Corona, constaba de 50 artículos y era obra fundamentalmente de Martínez de la Rosa. Se excluía cualquier mención a la Soberanía Nacional, se establecían unas Cortes bicamerales, con un Estamento de Próceres y un Estamento de Procuradores. El primero lo componían representantes de la nobleza, clero y miembros ricos de las clases burguesas, se exigía un nivel de renta y los puestos eran de designación real y vitalicios. La segunda cámara era electiva mediante sufragio censitario indirecto, sólo pudiendo ser elegidos aquellos que tuviesen una renta de 12.000 reales anuales. La convocatoria correspondía exclusivamente a la Corona, sólo podían discutir lo que se les consultara y podían ser disueltas a voluntad del Rey. Este sistema político apenas permitía la participación de los grandes propietarios, se calcula que apenas 16.000 españoles reunían las condiciones exigidas para votar.

Aún así los miembros de las Cortes fueron más liberales que los ministros y el mismo liberalismo fue evolucionando en dos tendencias, los moderados y los progresistas. Los Gobiernos de Martínez de la Rosa y el conde de Toreno se ciñeron al Estatuto Real, evitaron los cambios en el sistema fiscal, lo que dejó al ejército sin recursos para la guerra, y sostuvieron la censura de prensa. En las grandes ciudades la tensión fue en aumento. EL regreso de los liberales exiliados, la proliferación de periódicos, clubes de debate, tertulias de café, y en definitiva, la formación de una opinión pública, fueron caldeando el ambiente. En el verano de 1834 el cólera se propagó por varias ciudades, tras difundirse el rumor de que los frailes habían envenenado las aguas, se produjeron varios asesinatos y quema de conventos. Los disturbios de verano de 1835, con el asesinato del general Bassa, nuevas quemas de conventos y el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona, llevaron a la formación de Juntas Revolucionarias en varias ciudades. La Regente se vio obligada a aceptar la dimisión de Toreno y a nombrar a Mendizábal jefe de Gobierno en septiembre.

Con la llegada de Mendizábal, un financiero progresista de prestigio y que contaba con el apoyo de sectores influyentes en las Bolsas europeas, se inició verdaderamente la revolución liberal. En los pocos meses que estuvo al frente del Gobierno emprendió reformas fundamentales para lo cual asumió personalmente las carteras de Estado, Guerra, Marina y Hacienda. Su programa incluía la reforma de la Ley Electoral de 1834 para ampliar el derecho al voto y establecer la elección directa, el restablecimiento de la libertad de imprenta, la resolución del problema del clero regular, la reforma a fondo de la Hacienda y la recuperación del crédito público para ganar la guerra.

Mendizábal estableció un reclutamiento forzoso que permitió alistar 47.000 hombres y ampliar la rebautizada Guardia Nacional. Para conseguir fondos recurrió a los empréstitos extranjeros y a los impuestos extraordinarios, restableció la Ley de supresión de conventos de 1820, ampliando incluso sus efectos mediante un decreto de marzo de 1836. Su principal medida fue sin duda la desamortización, mediante decreto de febrero de 1836, base para el posterior arreglo de la Deuda y para la reforma fiscal.

Mendizábal quiso gobernar con el apoyo de las Cortes, pero poco a poco se fue distanciando de las cámaras, en enero de 1836 tras rechazar estas su proyecto de reforma de Ley Electoral, que ampliaba el derecho de voto hasta 65.000 electores, consiguió que la Regente disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones. Pese a tener una mayoría progresista María Cristina se negó a aceptar los cambios de mandos militares propuestos por Mendizábal, quien se vio obligado a dimitir.

Se nombró a Isturiz como nuevo jefe de Gobierno, al rechazar las Cortes el nombramiento fueron nuevamente disueltas, esto provocó protestas que se extendieron a varias ciudades: en julio algunas guarniciones de la Milicia Nacional se amotinaron (Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba), mientras en Zaragoza en general Evaristo San Miguel se sublevaba. El 12 de agosto la guarnición de la Guardia Real de La Granja se pronunció a favor de la Constitución de 1812 obligando a la Regente ese mismo día a su nueva puesta en vigor.

Tras el motín de los sargentos de La Granja formo Gobierno un progresista, José María Calatrava, teniendo como ministro de Hacienda a Mendizábal y se convocaron nuevas elecciones según el modelo unicameral de Cádiz.

El Gobierno progresista emprendió un amplio programa de reformas con tres objetivos básicos: la instauración de un régimen liberal, el impulso de la acción militar para ganar la guerra y la elaboración de una nueva constitución. Se restableció la legislación de Cádiz y el Trienio, se reforzaron las competencias de las autoridades provinciales, se entregó el mando del Ejército a Espartero y se tomaban severas medidas para acabar con los apoyos del carlismo en retaguardia, sobre todo por parte del clero. Además era evidente que ni la Constitución de 1812 ni el Estatuto Real servían como marco político por lo que las Cortes aprobaron una nueva Constitución en junio de 1837.

La Constitución de 1837 era de orientación progresista. Reconocía la Soberanía Nacional, realizaba una pormenorizada declaración de derechos individuales, reforzaba el poder del ejecutivo, otorgaba el poder legislativo de manera conjunta a las Cortes y la Corona, además este tenía el derecho de convocar, suspender o disolver las Cortes y tenía derecho de veto. Se establecieron dos cámaras, Congreso, elegido mediante sufragio censitario, y el Senado, elegidos por el Rey mediante ternas propuestas por los electores. El Rey nombraría a sus ministros, pero estos podrían ser objeto de censura por las Cortes.

En las elecciones de octubre de 1837 ganaron los moderados, esto fue posible por el sitio de Madrid y el escándalo que se produjo al conocer las negociaciones secretas llevadas a cabo por el Gobierno durante el mismo. En los tres años siguiente se sucedieron Gobiernos moderados que fueron ganando las sucesivas elecciones a Cortes, pero a nivel municipal vencían los progresistas, al restablecerse la antigua Ley de Municipios que permitía el voto de los vecinos. La vida política transcurrió con enfrentamientos entre las dos tendencias liberales hasta el final de la guerra en 1840.

Con el final de la guerra desapareció la última razón de consenso entre ambos partidos. El Gobierno moderado intentó modificar la Ley de Municipios y establecer un sufragio restringido, al ser aprobada la ley los progresistas promovieron una ola de protestas en verano de 1840 y pidieron la intervención de Espartero, héroe popular. María Cristina viajó a Barcelona para intentar convencer al general pero este rehusó. Al firmar la Regente el decreto la Milicia Nacional y el Ayuntamiento de Madrid se sublevaron el 1 de septiembre. Como resultado de ello María Cristina presentó su renuncia como regente el 12 de octubre de 1840 y marchó al exilio.

La Regencia de Espartero: 1840-1843

La renuncia de María Cristina creó un problema constitucional, finalmente Espartero asumió una regencia unipersonal en mayo de 1841 hasta su fracaso y caída en 1843.

Una de las razones estuvo en la división de su partido, el progresista, entre los más radicales, partidarios de profundizar en las reformas, y el resto del mismo, más partidario de consolidar el sistema liberal. Una segunda causa fue el fracaso de su política económica, amplió la desamortización pero beneficiando a los propietarios, lo que le alejó del apoyo popular, e intentó llevar al país hacia el libre comercio, con lo que se enfrentó a los industriales textiles y a los trabajadores.

EL personalismo de Espartero y su talante militarista fueron otros factores de su fracaso. En 1841 sofocó violentamente un intento de pronunciamiento moderado, ejecutando a los generales Montes de Oca y Diego de León y recortando los privilegios forales vascos por la colaboración de dichas provincias en la intentona. En 1842 el temor a un acuerdo de libre comercio con Inglaterra que pudiera hundir la industria textil catalana produjo disturbios y manifestaciones en Barcelona. EL 13 de noviembre la Milicia tomó la ciudad y se enfrentó a las tropas del capitán general van Halen. El propio Espartero ordenó el 3 de diciembre el inicio del bombardeo sobre la ciudad, tras 1000 disparos de cañón y 400 edificios destruidos se rendía la ciudad. La dura represión que siguió empujó a todos los sectores sociales de Cataluña a la oposición al regente.

En 1843 tras unas nuevas elecciones, que dejaron a Espartero sin apoyos, se formó una auténtica coalición antiesparterista. Este encargó formar Gobierno al progresista Joaquín María López, pero el programa de éste limitando los poderes del regente y el rechazo de Espartero le llevaron a dimitir. La insurrección se generalizó en verano de 1843, los progresistas se sublevaron ante la tiranía del general y triunfó gracias al apoyo de los moderados, el ejército dirigido por Narváez se pasó a los insurrectos y el 12 de agosto Espartero partía al exilio en Londres.

Ante la falta de alternativas, los diputados y senadores votaron el adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II que fue proclamada reina en noviembre de 1843, cuando todavía ni había cumplido los 13 años de edad. Los moderados, regresados del exilio, tomaron posiciones en la corte y Narváez se convertía en el hombre fuerte del momento. Una nueva insurrección en Barcelona era duramente reprimida por un entonces joven general Prim.

Tras la dimisión de López en noviembre le sucedió el progresista Salustiano Olózaga, que fue desalojado del poder gracias a un verdadero golpe palaciego de los moderados, terminando así el gobierno progresista. Desde diciembre de 1843 el nuevo jefe de Gobierno, González Bravo, emprendió una política claramente regresiva. Ordenó la disolución de las Milicias, aumentó el tamaño del ejército hasta los 100.000 hombres y restableció la Ley Municipal de 1840. Se dieron órdenes de detención contra los principales líderes progresistas y se cerraron sus clubes y periódicos. Además el Ejército aplastó dos sublevaciones militares en Cartagena y Alicante, con el resultado de más de 200 fusilamientos. El 1 de mayo de 1844 la Reina nombró presidente de Gobierno al general Narváez, líder ya indiscutible del partido moderado.