1.- LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA: 1833-1840
La Regencia de María Cristina se inicia en octubre de 1833 tras la
muerte de Fernando VII. Se continúa con el mismo presidente del
Gobierno, el absolutista moderado Cea Bermúdez, este publicó un
manifiesto en la que indicaba que las únicas reformas políticas a
las que estaba dispuesto a emprender eran las administrativas y
manifestaba su intención de defender el régimen frente a toda
innovación religiosa o política e insistía en mantener las leyes
fundamentales de la Monarquía.
Con un país en guerra este proyecto era claramente inviable, fue
entonces cuando los capitanes generales de Cataluña, Llauder, y de
Castilla, Quesada, enviaron sendos manifiestos a la reina gobernadora
aconsejando la destitución de Cea, además otros consejeros como el
marqués de Miraflores la recomendaron buscar un Gobierno más
aperturista. En enero de 1834 María Cristina sustituyó a Cea por
Martínez de la Rosa, liberal doceañista que ya había presidido un
gobierno moderado durante el Trienio Liberal.
Desde 1834 el régimen inicia una tímida apertura política, pero
tanto la reina gobernadora como sus ministros Martínez de la Rosa y
el conde de Toreno, fueron reacios a acometer las drásticas reformas
necesarias para sanear la Hacienda, relanzar la actividad económica,
democratizar el sistema y ganar la guerra.
El cambio más importante fue la aprobación en abril de 1834 del
estatuto Real, se trataba de una cara otorgada que seguía el modelo
impuesto por Luís XVIII en Francia en 1817. Era una concesión de la
Corona, constaba de 50 artículos y era obra fundamentalmente de
Martínez de la Rosa. Se excluía cualquier mención a la Soberanía
Nacional, se establecían unas Cortes bicamerales, con un Estamento
de Próceres y un Estamento de Procuradores.
El primero lo componían representantes de la nobleza, clero y
miembros ricos de las clases burguesas, se exigía un nivel de renta
y los puestos eran de designación real y vitalicios. La segunda
cámara era electiva mediante sufragio censitario indirecto, sólo
pudiendo ser elegidos aquellos que tuviesen una renta de 12.000
reales anuales. La convocatoria correspondía exclusivamente a la
Corona, sólo podían discutir lo que se les consultara y podían ser
disueltas a voluntad del Rey.
Este sistema político apenas permitía la participación de los
grandes propietarios, se calcula que apenas 16.000 españoles reunían
las condiciones exigidas para votar.
Aún así los miembros de las Cortes fueron más liberales que los
ministros y el mismo liberalismo fue evolucionando en dos tendencias,
los moderados y los progresistas. Los Gobiernos de Martínez de la
Rosa y el conde de Toreno se ciñeron al Estatuto Real, evitaron los
cambios en el sistema fiscal, lo que dejó al ejército sin recursos
para la guerra, y sostuvieron la censura de prensa. En las grandes
ciudades la tensión fue en aumento.
EL regreso de los liberales exiliados, la proliferación de
periódicos, clubes de debate, tertulias de café, y en definitiva,
la formación de una opinión pública, fueron caldeando el ambiente.
En el verano de 1834 el cólera se propagó por varias ciudades, tras
difundirse el rumor de que los frailes habían envenenado las aguas,
se produjeron varios asesinatos y quema de conventos.
Los disturbios de verano de 1835, con el asesinato del general Bassa,
nuevas quemas de conventos y el incendio de la fábrica Bonaplata en
Barcelona, llevaron a la formación de Juntas Revolucionarias en
varias ciudades. La Regente se vio obligada a aceptar la dimisión de
Toreno y a nombrar a Mendizábal jefe de Gobierno en septiembre.
Con la llegada de Mendizábal, un financiero progresista de prestigio
y que contaba con el apoyo de sectores influyentes en las Bolsas
europeas, se inició verdaderamente la revolución liberal. En los
pocos meses que estuvo al frente del Gobierno emprendió reformas
fundamentales para lo cual asumió personalmente las carteras de
Estado, Guerra, Marina y Hacienda.
Su programa incluía la reforma de la Ley Electoral de 1834 para
ampliar el derecho al voto y establecer la elección directa, el
restablecimiento de la libertad de imprenta, la resolución del
problema del clero regular, la reforma a fondo de la Hacienda y la
recuperación del crédito público para ganar la guerra.
Mendizábal estableció un reclutamiento forzoso que permitió
alistar 47.000 hombres y ampliar la rebautizada Guardia Nacional.
Para conseguir fondos recurrió a los empréstitos extranjeros y a
los impuestos extraordinarios, restableció la Ley de supresión de
conventos de 1820, ampliando incluso sus efectos mediante un decreto
de marzo de 1836.
Su principal medida fue sin duda la desamortización, mediante
decreto de febrero de 1836, base para el posterior arreglo de la
Deuda y para la reforma fiscal.
Mendizábal quiso gobernar con el apoyo de las Cortes, pero poco a
poco se fue distanciando de las cámaras, en enero de 1836 tras
rechazar estas su proyecto de reforma de Ley Electoral, que ampliaba
el derecho de voto hasta 65.000 electores, consiguió que la Regente
disolviera las Cortes y convocara nuevas elecciones. Pese a tener una
mayoría progresista María Cristina se negó a aceptar los cambios
de mandos militares propuestos por Mendizábal, quien se vio obligado
a dimitir.
Se nombró a Isturiz como nuevo jefe de Gobierno, al rechazar las
Cortes el nombramiento fueron nuevamente disueltas, esto provocó
protestas que se extendieron a varias ciudades: en julio algunas
guarniciones de la Milicia Nacional se amotinaron (Málaga, Granada,
Sevilla, Córdoba), mientras en Zaragoza en general Evaristo San
Miguel se sublevaba. El 12 de agosto la guarnición de la Guardia
Real de La Granja se pronunció a favor de la Constitución de 1812
obligando a la Regente ese mismo día a su nueva puesta en vigor.
Tras el motín de los sargentos de La Granja formo Gobierno un
progresista, José María Calatrava, teniendo como ministro de
Hacienda a Mendizábal y se convocaron nuevas elecciones según el
modelo unicameral de Cádiz.
El Gobierno progresista emprendió un amplio programa de reformas con
tres objetivos básicos: la instauración de un régimen liberal, el
impulso de la acción militar para ganar la guerra y la elaboración
de una nueva constitución.
Se restableció la legislación de Cádiz y el Trienio, se reforzaron
las competencias de las autoridades provinciales, se entregó el
mando del Ejército a Espartero y se tomaban severas medidas para
acabar con los apoyos del carlismo en retaguardia, sobre todo por
parte del clero. Además era evidente que ni la Constitución de 1812
ni el Estatuto Real servían como marco político por lo que las
Cortes aprobaron una nueva Constitución en junio de 1837.
La Constitución de 1837 era de orientación progresista. Reconocía
la Soberanía Nacional, realizaba una pormenorizada declaración de
derechos individuales, reforzaba el poder del ejecutivo, otorgaba el
poder legislativo de manera conjunta a las Cortes y la Corona, además
este tenía el derecho de convocar, suspender o disolver las Cortes y
tenía derecho de veto. Se establecieron dos cámaras, Congreso,
elegido mediante sufragio censitario, y el Senado, elegidos por el
Rey mediante ternas propuestas por los electores. El Rey nombraría a
sus ministros, pero estos podrían ser objeto de censura por las
Cortes.
En las elecciones de octubre de 1837 ganaron los moderados, esto fue
posible por el sitio de Madrid y el escándalo que se produjo al
conocer las negociaciones secretas llevadas a cabo por el Gobierno
durante el mismo. En los tres años siguiente se sucedieron Gobiernos
moderados que fueron ganando las sucesivas elecciones a Cortes, pero
a nivel municipal vencían los progresistas, al restablecerse la
antigua Ley de Municipios que permitía el voto de los vecinos. La
vida política transcurrió con enfrentamientos entre las dos
tendencias liberales hasta el final de la guerra en 1840.
Con el final de la guerra desapareció la última razón de consenso
entre ambos partidos. El Gobierno moderado intentó modificar la Ley
de Municipios y establecer un sufragio restringido, al ser aprobada
la ley los progresistas promovieron una ola de protestas en verano de
1840 y pidieron la intervención de Espartero, héroe popular. María
Cristina viajó a Barcelona para intentar convencer al general pero
este rehusó. Al firmar la Regente el decreto la Milicia Nacional y
el Ayuntamiento de Madrid se sublevaron el 1 de septiembre. Como
resultado de ello María Cristina presentó su renuncia como regente
el 12 de octubre de 1840 y marchó al exilio.
2.- LA REGENCIA DE ESPARTERO: 1840-1843
La renuncia de María Cristina creó un problema constitucional,
finalmente Espartero asumió una regencia unipersonal en mayo de 1841
hasta su fracaso y caída en 1843.
Una de las razones estuvo en la división de su partido, el
progresista, entre los más radicales, partidarios de profundizar en
las reformas, y el resto del mismo, más partidario de consolidar el
sistema liberal.
Una segunda causa fue el fracaso de su política económica, amplió
la desamortización pero beneficiando a los propietarios, lo que le
alejó del apoyo popular, e intentó llevar al país hacia el libre
comercio, con lo que se enfrentó a los industriales textiles y a los
trabajadores.
El personalismo de Espartero y su talante militarista fueron otros
factores de su fracaso. En 1841 sofocó violentamente un intento de
pronunciamiento moderado, ejecutando a los generales Montes de Oca y
Diego de León y recortando los privilegios forales vascos por la
colaboración de dichas provincias en la intentona.
En 1842 el temor a un acuerdo de libre comercio con Inglaterra que
pudiera hundir la industria textil catalana produjo disturbios y
manifestaciones en Barcelona. El 13 de noviembre la Milicia tomó la
ciudad y se enfrentó a las tropas del capitán general van Halen. El
propio Espartero ordenó el 3 de diciembre el inicio del bombardeo
sobre la ciudad, tras 1000 disparos de cañón y 400 edificios
destruidos se rendía la ciudad. La dura represión que siguió
empujó a todos los sectores sociales de Cataluña a la oposición al
regente.
En 1843 tras unas nuevas elecciones, que dejaron a Espartero sin
apoyos, se formó una auténtica coalición antiesparterista. Este
encargó formar Gobierno al progresista Joaquín María López, pero
el programa de éste limitando los poderes del regente y el rechazo
de Espartero le llevaron a dimitir. La insurrección se generalizó
en verano de 1843, los progresistas se sublevaron ante la tiranía
del general y triunfó gracias al apoyo de los moderados, el ejército
dirigido por Narváez se pasó a los insurrectos y el 12 de agosto
Espartero partía al exilio en Londres.
Ante la falta de alternativas, los diputados y senadores votaron el
adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II que fue proclamada
reina en noviembre de 1843, cuando todavía ni había cumplido los 13
años de edad. Los moderados, regresados del exilio, tomaron
posiciones en la corte y Narváez se convertía en el hombre fuerte
del momento. Una nueva insurrección en Barcelona era duramente
reprimida por un entonces joven general Prim.
Tras la dimisión de López en noviembre le sucedió el progresista
Salustiano Olózaga, que fue desalojado del poder gracias a un
verdadero golpe palaciego de los moderados, terminando así el
gobierno progresista. Desde diciembre de 1843 el nuevo jefe de
Gobierno, González Bravo, emprendió una política claramente
regresiva. Ordenó la disolución de las Milicias, aumentó el tamaño
del ejército hasta los 100.000 hombres y restableció la Ley
Municipal de 1840.
Se dieron órdenes de detención contra los principales líderes
progresistas y se cerraron sus clubes y periódicos. Además el
Ejército aplastó dos sublevaciones militares en Cartagena y
Alicante, con el resultado de más de 200 fusilamientos. El 1 de mayo
de 1844 la Reina nombró presidente de Gobierno al general Narváez,
líder ya indiscutible del partido moderado.
