Cronológicamente la primera manifestación de la política de intervenciones militares fue la campaña de Conchinchina, que duró de 1858 a 1862. A mediados de 1857 el fraile dominico Francisco Roy se presentó en el Consulado general de España en Macao solicitando la ayuda del representante español para lograr la liberación del obispo José María Díaz, vicario apostólico de Tonkín central, que en mayo había sido apresado y condenado a muerte. El cónsul español, carente totalmente de medios, solicitó la ayuda del plenipotenciario francés en China, Bourboulon. A instancias de éste, el almirante jefe de las fuerzas navales francesas en China envío un buque, que junto con el fletado por el cónsul español exploraron las costas de Tonkín con el fin de reclamar la entrega inmediata del obispo español y, en el caso de haber sido ya ejecutado de protestar enérgicamente ante la Corte de Hué en nombre de España y Francia. Los navíos cumplieron su misión a principios de octubre dando cuenta de que el obispo había sido decapitado el anterior 20 de julio.
Cuando fueron conocidos estos sucesos, Napoleón III los aprovechó para ordenar a la flota, que se encontraba frente a China, que se dirigiera a las costas del imperio annamita a fin de obtener la debida satisfacción y de alcanzar con la Corte de Hué la promesa de adopción de medidas que evitasen la repetición de ese tipo de hechos. Por medio de su embajador en Madrid e incluso directamente a través del embajador de España en París, el duque de Rivas, Napoleón propuso que España se asociase a Francia, facilitando al almirante francés Rigault 1.000 ó 2.000 hombres del ejercito de Filipinas.
Nada más recibirse el despacho del duque de Rivas, el ministro de Estado contestó que España estaba dispuesta a contribuir dentro de los limites que imponían las fuerzas de las que se disponían en Filipinas, mientras que el ministro de la Guerra ordenó al Capitán General de Filipinas que preparara una fuerza de unos 1.400 hombres, al mando del General Palanca, que deberían embarcarse en los vapores Reina de Castilla y Elcano y que estarían bajo el mando del almirante francés Rigault.
La participación de España en la expedición de castigo propuesta por Francia parece a simple vista explicable no sólo la defensa de los intereses de los súbditos españoles en el extranjero, sino también por la situación estratégica de Annam frente al archipiélago filipino. Lo que ya no es tan explicable ni comprensible es que la participación española se hiciera sin un acuerdo previo sobre los objetivos de la expedición y sin llegar a un compromiso sobre la financiación de la misma. Esta improvisación habría que verla como una prueba más de la deficiencia técnica diplomática que caracteriza a toda nuestra política exterior durante todo el siglo XIX.
Las fuerzas hispano francesas desembarcaron el 31 de agosto de 1858 y conquistaron la península de Turana, que fue inmediatamente fortificada. Las inclemencias del clima indochino hicieron que el contingente francés disminuyera día a día a causa de las enfermedades, lo que no ocurrió entre las tropas españolas por ser la mayor parte de los soldados tagalos. En febrero fue tomado al asalto Saigón, la capital de la Baja Conchinchina y en esta acción las fuerzas españolas se cubrieron de gloria por su intrepidez y valentía. Después de la toma de Saigón las tropas francesas y españolas se dedicaron a trabajos de establecimiento, porque Napoleón subordinó la intervención en Annam a la ofensiva conjunta con Gran Bretaña sobre China de tal forma que el jefe de las fuerzas españolas, el General Palanca, contando con el asentimiento del Capitán General de Filipinas y sin esperar ordenes de Madrid, decidió regresar con gran parte de la tropa a Manila, con lo que la Capitanía General de Filipinas pudo expedir una orden en la que se declaraba finalizada la guerra dejando sólo una presencia testimonial de dos compañías que "estaban próximas a regresar ".
La retirada de las fuerzas españolas sin el consentimiento previo del Gobierno de la nación indica una falta total de coordinación entre los mandos militares y el Ministerio de Estado. Descoordinación que puede explicarse por la lentitud y dificultad de comunicaciones a tan gran distancia y por la autonomía de facto a la que estaban habituadas las autoridades españolas en Filipinas.
Casi desde el primer momento de la intervención hispano francesa el Gobierno español insistió una y otra vez ante el francés para que el tratado de paz que debería finalizar la guerra se reconociese a España el derecho a poseer un puerto y, por tanto, un establecimiento comercial que sirviera para mantener relaciones comerciales con el archipiélago filipino. Las contestaciones francesas a las peticiones españolas fueron de lo más difusas y en ningún momento satisfactorias. A todo ello se sumo que Saigón fue declarado propiedad de Francia y abierto al comercio de todas las naciones amigas de Francia sin hacer mención especial a España.
Por fin, en septiembre de 1861, el Gobierno español presentó una serie de pretensiones al Gobierno francés en las que se pedía en ultimo termino el que España recibiera el mismo trato que Francia en el acuerdo que estaba negociando. Se buscaba ser aliados y no auxiliares, conceptos estos que ya fueron expuestos por el comandante de las tropas españolas nada más comenzar la expedición.
El 5 de junio de 1862 se firmó el tratado de perpetua paz entre los plenipotenciarios francés, español y annamita En dicho tratado se estipula el respeto para los cristianos tanto extranjeros como aborígenes, la cesión a Francia de tres provincias y la libertad de navegación por sus costas y ríos, la libertad de comercio tanto para España como para Francia y, finalmente, el pago por el gobierno de Hué de una indemnización de cuatro millones de dólares pagaderos en diez anualidades. Como puede verse, la demanda española de un puerto annamita no fue atendida, mientras que Francia puso los cimientos para su futuro imperio colonial en Indochina. Para el cobro de la parte proporcional de dicha indemnización fue preciso llegar a un convenio especial con Francia en 1863, por el que se estipula que la indemnización seria repartida en partes iguales entre los dos países. En 1880 se había cobrado totalmente.
La diferencia de trato recibido en el tratado de paz y amistad se explica no sólo por no haberse firmado previamente un acuerdo hispano francés sobre los objetivos a lograr en la expedición a la Conchinchina, sino también porque la fuerza militar española se había reducido al mínimo. Esta pequeña fuerza no fue retirada hasta la firma del tratado de paz por consideraciones de prestigio y para evitar un enfrentamiento con Napoleón III.
Naturalmente la expedición a la Conchinchina tuvo numerosos detractores en el país, que vieron una cierta dependencia de Francia. Las acciones gloriosas de las tropas españolas en la toma de Saigón fomentaron el nacionalismo romántico del país, que no fue modificado al ser la mayor parte de las bajas no de peninsulares, sino de tagalos filipinos.
Cuando fueron conocidos estos sucesos, Napoleón III los aprovechó para ordenar a la flota, que se encontraba frente a China, que se dirigiera a las costas del imperio annamita a fin de obtener la debida satisfacción y de alcanzar con la Corte de Hué la promesa de adopción de medidas que evitasen la repetición de ese tipo de hechos. Por medio de su embajador en Madrid e incluso directamente a través del embajador de España en París, el duque de Rivas, Napoleón propuso que España se asociase a Francia, facilitando al almirante francés Rigault 1.000 ó 2.000 hombres del ejercito de Filipinas.
Nada más recibirse el despacho del duque de Rivas, el ministro de Estado contestó que España estaba dispuesta a contribuir dentro de los limites que imponían las fuerzas de las que se disponían en Filipinas, mientras que el ministro de la Guerra ordenó al Capitán General de Filipinas que preparara una fuerza de unos 1.400 hombres, al mando del General Palanca, que deberían embarcarse en los vapores Reina de Castilla y Elcano y que estarían bajo el mando del almirante francés Rigault.
La participación de España en la expedición de castigo propuesta por Francia parece a simple vista explicable no sólo la defensa de los intereses de los súbditos españoles en el extranjero, sino también por la situación estratégica de Annam frente al archipiélago filipino. Lo que ya no es tan explicable ni comprensible es que la participación española se hiciera sin un acuerdo previo sobre los objetivos de la expedición y sin llegar a un compromiso sobre la financiación de la misma. Esta improvisación habría que verla como una prueba más de la deficiencia técnica diplomática que caracteriza a toda nuestra política exterior durante todo el siglo XIX.
Las fuerzas hispano francesas desembarcaron el 31 de agosto de 1858 y conquistaron la península de Turana, que fue inmediatamente fortificada. Las inclemencias del clima indochino hicieron que el contingente francés disminuyera día a día a causa de las enfermedades, lo que no ocurrió entre las tropas españolas por ser la mayor parte de los soldados tagalos. En febrero fue tomado al asalto Saigón, la capital de la Baja Conchinchina y en esta acción las fuerzas españolas se cubrieron de gloria por su intrepidez y valentía. Después de la toma de Saigón las tropas francesas y españolas se dedicaron a trabajos de establecimiento, porque Napoleón subordinó la intervención en Annam a la ofensiva conjunta con Gran Bretaña sobre China de tal forma que el jefe de las fuerzas españolas, el General Palanca, contando con el asentimiento del Capitán General de Filipinas y sin esperar ordenes de Madrid, decidió regresar con gran parte de la tropa a Manila, con lo que la Capitanía General de Filipinas pudo expedir una orden en la que se declaraba finalizada la guerra dejando sólo una presencia testimonial de dos compañías que "estaban próximas a regresar ".
La retirada de las fuerzas españolas sin el consentimiento previo del Gobierno de la nación indica una falta total de coordinación entre los mandos militares y el Ministerio de Estado. Descoordinación que puede explicarse por la lentitud y dificultad de comunicaciones a tan gran distancia y por la autonomía de facto a la que estaban habituadas las autoridades españolas en Filipinas.
Casi desde el primer momento de la intervención hispano francesa el Gobierno español insistió una y otra vez ante el francés para que el tratado de paz que debería finalizar la guerra se reconociese a España el derecho a poseer un puerto y, por tanto, un establecimiento comercial que sirviera para mantener relaciones comerciales con el archipiélago filipino. Las contestaciones francesas a las peticiones españolas fueron de lo más difusas y en ningún momento satisfactorias. A todo ello se sumo que Saigón fue declarado propiedad de Francia y abierto al comercio de todas las naciones amigas de Francia sin hacer mención especial a España.
Por fin, en septiembre de 1861, el Gobierno español presentó una serie de pretensiones al Gobierno francés en las que se pedía en ultimo termino el que España recibiera el mismo trato que Francia en el acuerdo que estaba negociando. Se buscaba ser aliados y no auxiliares, conceptos estos que ya fueron expuestos por el comandante de las tropas españolas nada más comenzar la expedición.
El 5 de junio de 1862 se firmó el tratado de perpetua paz entre los plenipotenciarios francés, español y annamita En dicho tratado se estipula el respeto para los cristianos tanto extranjeros como aborígenes, la cesión a Francia de tres provincias y la libertad de navegación por sus costas y ríos, la libertad de comercio tanto para España como para Francia y, finalmente, el pago por el gobierno de Hué de una indemnización de cuatro millones de dólares pagaderos en diez anualidades. Como puede verse, la demanda española de un puerto annamita no fue atendida, mientras que Francia puso los cimientos para su futuro imperio colonial en Indochina. Para el cobro de la parte proporcional de dicha indemnización fue preciso llegar a un convenio especial con Francia en 1863, por el que se estipula que la indemnización seria repartida en partes iguales entre los dos países. En 1880 se había cobrado totalmente.
La diferencia de trato recibido en el tratado de paz y amistad se explica no sólo por no haberse firmado previamente un acuerdo hispano francés sobre los objetivos a lograr en la expedición a la Conchinchina, sino también porque la fuerza militar española se había reducido al mínimo. Esta pequeña fuerza no fue retirada hasta la firma del tratado de paz por consideraciones de prestigio y para evitar un enfrentamiento con Napoleón III.
Naturalmente la expedición a la Conchinchina tuvo numerosos detractores en el país, que vieron una cierta dependencia de Francia. Las acciones gloriosas de las tropas españolas en la toma de Saigón fomentaron el nacionalismo romántico del país, que no fue modificado al ser la mayor parte de las bajas no de peninsulares, sino de tagalos filipinos.
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