1.- INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XIX se produce la
sustitución de la economía feudal y de la sociedad estamental por
un sistema
económico capitalista y una sociedad de clases. La nueva
sociedad liberal se definirá por la propiedad.
2.- LAS DESAMORTIZACIONES DE MENDIZÁBAL
Y MADOZ.
Los cambios agrarios durante la revolución
liberal y la desamortización:
La revolución liberal trajo consigo una
serie de cambios legales que transformaron el campo español, entre las más
importantes podemos destacar la supresión definitiva de la vinculación de las
tierras, la abolición del régimen jurisdiccional, la libertad de cercamiento de
las tierras, de comercialización de las cosechas y de fijación de precios y la
supresión del diezmo, entre otras. Sin embargo, la más importante de todas
ellas fue la desamortización de las tierra de las
Iglesia y de los concejos. Las primeras medidas desamortizadoras las tomó
Manuel de Godoy (1798), continuadas por las Cortes
de Cádiz y el Trienio Liberal.
La medida más importante, desde el punto
de vista económico y social, llevada a cabo por el régimen liberal, fue la
desamortización de las tierras de la Iglesia y los concejos.
Las desamortizaciones consistieron
en la expropiación, por parte del Estado, de las tierras eclesiásticas y
municipales para su posterior venta a particulares en subasta pública. En
compensación por el patrimonio confiscado a la Iglesia, el Estado se hacía cargo
de los gastos del culto y clero. Aunque se dieron algunos precedentes a finales
del siglo XVIII, el verdadero proceso de desamortización se desarrolló a partir
de 1837 en dos fases, a cada una de las cuales se las conoce por el nombre del
ministro que la puso en marcha: la desamortización de Mendizábal y la de
Madoz.
2.1.- La desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837-1849)
Como medida previa, en 1835 se
disolvieron las órdenes religiosas, salvo las consagradas a la enseñanza o al
cuidado de los enfermos, y sus fincas se declararon bienes nacionales,
es decir, propiedad del Estado.
La desamortización de Mendizábal (ley de
1837) se inició en una etapa de gobierno progresista y consistió en la venta
por subasta de las tierras expropiadas a la Iglesia, por lo que se la conoce
también como “desamortización eclesiástica”. Sus objetivos, determinados por la
crítica situación que atravesaba el país –primera guerra carlista y estado
ruinoso de la Hacienda-, fueron esencialmente tres:
- Sanear
la Hacienda, mediante la amortización parcial de la deuda pública.
- Financiar
la guerra civil contra los carlistas.
- Convertir
a los nuevos propietarios en adeptos para la causa liberal, que necesitaba
apoyo social mediante la amenaza carlista.
Algunos historiadores han criticado que
primara la finalidad fiscal sobre la reforma social, y se desaprovechara la
oportunidad de repartir las tierras entre los campesinos que las habían venido
trabajando, como proponían algunos contemporáneos.
2.2.- La desamortización de Espartero (1841)
El 2 de septiembre de
1841 el recién nombrado regente, Baldomero Espartero,
impuso la desamortización de bienes del clero secular, proyecto que elaboró Pedro Surra Rull. Esta ley durará escasamente
tres años y al hundirse el partido progresista la ley fue derogada.
En 1845,
durante la Década Moderada, el Gobierno intentó restablecer las relaciones con
la Iglesia, lo que lleva a la firma del Concordato de 1851.
2.3.- La desamortización general de Madoz (1855-1867)
La segunda fase o desamortización
general de Madoz (ley de 1855) se inició durante el bienio progresista por
parte del ministro de Hacienda Pascual Madoz. Se ejecutó de forma más
controlada que la de Mendizábal e incluía todo tipo de tierras amortizadas:
- Las
de la Iglesia aún no vendidas (obras pías, beneficencia…)
- Las
de la propiedad municipal (comunes y de los propios)
- Las
de las órdenes militares.
La situación política y fiscal no era
tan grave como en la etapa de la desamortización anterior, ya que la segunda
guerra carlista no supuso tanto gasto como la primera y el régimen liberal
estaba más consolidado.
Por consiguiente, además de reducir la
deuda pública, se pretendía destinar parte de los ingresos obtenidos a
financiar la construcción de las infraestructuras necesarias para modernizar la
economía, en especial la red de ferrocarriles.
Fue ésta la desamortización
que alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una importancia superior a todas
las anteriores. Sin embargo, los historiadores se han ocupado tradicionalmente
mucho más de la de Mendizábal, cuya importancia reside en su duración, el gran
volumen de bienes movilizados y las grandes repercusiones que tuvo en la
sociedad española.
El estado ingresó
7 856 000 000 reales entre 1855 y 1895, casi el doble de lo
obtenido con la desamortización de Mendizábal. Este dinero se dedicó
fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, amortización
de deuda pública y obras públicas, reservándose 30 millones de reales anuales
para la reedificación y reparación de las iglesias de España.
Consecuencias socioeconómicas de las
desamortizaciones
Las principales consecuencias económicas
y sociales de ambas desamortizaciones fueron las siguientes:
- Se
pusieron en cultivo grandes extensiones de tierra, hasta entonces poco o nada
explotadas por sus antiguos propietarios.
- Se
sacrificaron los intereses de un sector importante de campesinos, a los que no
se reconocieron sus derechos sobre las tierras señoriales o municipales ni se
les facilitó el acceso a las propiedades desamortizadas, y sobre todo del
clero, cuyas tierras fueron expropiadas. Su descontento empujo a muchos de
ellos al carlismo.
- Las
ventas absorbieron una gran cantidad de capitales privados, ya que se calcula
que la extensión total de las tierras desamortizadas equivalía a la mitad de
las tierras cultivables.
- La
escasez de capital nacional fue la causa de que la escasa industria española se
levantara con predominio de capital extranjero (salvo en Cataluña). (Los
capitales se invirtieron preferentemente en la compra de tierras desamortizadas
y en el negocio de ferrocarriles).
- En
contra de la creencia tradicional, no parece que variara significativamente la
estructura de la propiedad: en general, no hubo concentración ni dispersión de
tierras, sino tan sólo cambios de propietarios.
- A
fines del siglo XIX la base económica del país seguía siendo una agricultura de
escasos rendimientos, que ocupaba a las dos terceras partes de la población
activa y generaba más de la mitad de la renta nacional.
3.- DE LA SOCIEDAD ESTAMENTAL A LA
SOCIEDAD DE CLASES.
La sociedad industrial supuso la aparición de grupos nuevos: empresarios, obreros, etc. Se caracterizó por la igualdad, al menos en teoría, y por la movilidad. La fortuna decidía el nivel social del individuo (sociedad de clases) y nobleza y clero perdieron sus privilegios.
La nobleza perdió influencia, se sentían poco inclinados a arriesgar sus fortunas en empresas industriales. Sostener con rentas agrarias un estilo de vida dispendioso llevó a algunas casas nobiliarias a la ruina, como a la familia de los Osuna, la mayor contribuyente al inicio del reinado de Isabel II. A pesar de ello, los nobles consiguieron pasar el siglo relativamente inmunes, fundamentalmente porque asumieron dos estrategias: el enlace matrimonial con las grandes familias burguesas y la alianza con los empresarios. En el terreno político los nobles siempre se mantuvieron próximos al trono, monopolizando cargos en el Palacio Real, ocupando puestos en el Senado o formando parte, sobre todo, de los primeros Gobiernos liberales. Además la Corona concedió de forma generosa títulos nobiliarios durante el siglo a hombres de empresa, como el marqués de Salamanca, militares Narváez (duque de la Torre), O´Donnell (duque de Tetuán), Prim (marqués de Castillejos), aunque nadie acumuló tantos títulos como Espartero (duque de la Victoria y príncipe de Vergara). En el terreno económico la nobleza entró en los consejos de administración de las empresas como presidentes o consejeros, más que por la aportación de capital debido a su cercanía las grandes esferas de decisión. En el terreno social la burguesía imitó los hábitos aristocráticos, a diferencia del resto de Europa.
El clero fue el grupo social que recibió
la más fuerte embestida del régimen liberal. La eliminación de sus privilegios,
especialmente en el campo económico con las sucesivas desamortizaciones
privaron a la Iglesia de sus propiedades agrarias y la extinción del diezmo
cerró otra fuente de financiación. A partir de 1840 el clero dependía de un
presupuesto muchas veces insuficiente lo que hizo disminuir de forma notable al
clero regular, monjas y frailes, no así tanto al clero secular, el que atendía
catedrales y parroquias. En 1837 la Hacienda pagaba la manutención de 24.000
frailes, en 1854 se había reducido a unos 8.000. El bajo clero defendió el
carlismo, especialmente en 1833-1840, por su parte la jerarquía se mostró
hostil a cualquier avance hacia la tolerancia religiosa (1856), la libertad de
cultos (1869) o la separación entre Iglesia y Estado (1873). Aún así, en las
poblaciones pequeñas el clero mantenía un protagonismo del que carecía ya en
las grandes ciudades.
El término burguesía englobaba desde empresarios a abogados, periodistas, etc. Pero fundamentalmente hace referencia en este periodo a hombre de negocios. Los burgueses obtuvieron beneficios diversificando sus actividades, banqueros como Remisa y O´Shea prestaban al Estado, Safont con la administración de servicios urbanos y suministros al ejército. Banqueros y administradores tuvieron en Madrid su centro de actividad. En Barcelona y Bilbao, las fortunas se debieron a inversiones en actividades industriales y comerciales.
Las clases medias estaban integradas fundamentalmente por una serie de profesionales liberales como los abogados, muchos de los cuales posteriormente hacían carrera política. Los periodistas como Fernández de los Ríos, liberal, o Escobar, conservador, que disfrutaron de una gran influencia. Con la extensión de la enseñanza, la cátedra, y por antonomasia la de universidad, se convirtió en otro puesto de relevancia social. Los funcionarios configuraron uno de los grupos más inestables, sobre todo con la figura del “cesante” cada vez que cambiaba el Gobierno. También hay que señalar a arquitectos como Arturo Soria o médicos el doctor Esquerdo o Jaime Vera.
En una sociedad agraria como la española del siglo XIX, el núcleo más amplio de la población estaba formado por campesinos. Los jornaleros representaban un amplio colectivo, con tasa de analfabetismo del 80% en Sevilla y del 78% en Cádiz. En las áreas urbanas existía un amplio artesanado lo que explica la debilidad del obrerismo español. Otros grupos de las clases populares eran los criados y dependientes, sobre todo los primeros, ya que las familias de clase alta disponían de un elevado número de servidores domésticos. Por su parte los dependientes del pequeño comercio tenían una categoría similar a la de los criados.
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