El
Sexenio Absolutista (1814-1820)
Mediante
el tratado de Valençay (diciembre de 1813) Napoleón devolvía
la Corona de España a Fernando VII, el cual regresaba al país en
marzo de 1814. Las Cortes habían dictado órdenes confidenciales con
el fin de garantizar su viaje directo a Madrid para jurar la
Constitución, ante los indicios de que pudiera negarse. Pero las
órdenes de las Cortes fueron desobedecidas. Recibido con entusiasmo
por dondequiera que pasaba el monarca decidió dirigirse a Valencia,
allí recibió el apoyo del general Elio y una parte del Ejército,
además de nobleza, clero y del pueblo llano al grito de “¡Viva el
Rey! ¡Muera la Constitución!”.
El
apoyo de la nobleza y el clero absolutista se expresó en el
documento que en Valencia había entregado al Rey un centenar de
diputados, el Manifiesto de los Persas. En él se reclamaba la
vuelta al sistema del Antiguo Régimen y a la situación de mayo
1808. Se revindicaba el carácter ilimitado del poder del Rey y su
origen divino, defendiendo la Alianza del altar con el trono.
Fernando
VII el 4 de mayo dictó en Valencia un Real Decreto por el que
suprimía las Cortes, declaraba nula toda su actuación y abolía la
Constitución y toda la legislación realizada por la Cámara.
Paralelamente el general Eguía era enviado a Madrid con orden de
tomar la sede de las Cortes y proceder a detener a regentes,
ministros y diputados. El 10 de mayo enraba el Rey en Madrid entre el
clamor popular. Se trató de un auténtico golpe de Estado.
Las
primeras medidas del Rey se encaminaron a satisfacer las
reclamaciones de quienes apoyaron el golpe. El decreto del 4 de mayo
eliminó la soberanía nacional. También quedaron derogadas la
Constitución de Cádiz y la legislación ordinaria “como si no
hubiese pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del
tiempo”, así se anularon las medidas desamortizadoras, los inicios
de reforma fiscal o la libertad de imprenta. Se restituyeron los
privilegios de la nobleza y de la Iglesia. Se restablecía el
Tribunal de la Inquisición y la Mesta, y se permitía incluso el
retorno de la Compañía de Jesús.
Se
procedió a la detención y juicio tanto de los afrancesados como de
los liberales, acusados de traición y conspiración contra el Rey.
Como los tribunales no pudieron concretar las acusaciones, no
establecidas como delito en la legislación del Antiguo Régimen, fue
el propio Monarca el que tuvo que dictar sentencia, normalmente de
destierro y confiscación de propiedades para los ministros,
consejeros, militares y funcionarios que habían colaborado con la
administración de José I. Y prisión o destierro y confiscación de
bienes, para 51 diputados, ministros o regentes liberales
encarcelados de los cerca de 100 que habían sido procesados. Otros
muchos habían conseguido huir. Mientras que en 1818 Fernando VII
atenuó las medidas contra los afrancesados y restituyó sus
propiedades a los familiares, la persecución contra los liberales se
mantuvo hasta 1820. De todas formas el Rey tan solo excluyó de las
medidas represoras a aquellos funcionarios que habían jurado
fidelidad al nuevo monarca para mantener sus empleos, como fue el
caso de Francisco de Goya.
Fernando
VII gobernó mediante sucesivos ministerios, en permanente
inestabilidad política ante la falta de coherencia en la línea a
seguir y la incapacidad de los consejeros del Rey para gobernar. El
auténtico gobierno en la sombra lo constituía la camarilla,
formada por los hombres de confianza del Rey que se repartían
puestos, prebendas y privilegios, como por ejemplo Antonio Ugarte. El
resultado fueron seis años caóticos de Gobierno, crisis económica
y desastres coloniales.
Una
serie de graves problemas acabó por dar al traste con el régimen
absolutista. En primer lugar se produjo una caída de los precios
gracias a una racha de buenas cosechas. El país estaba arruinado
tras cinco años de guerra, con un mercado nacional que seguía
siendo inexistente y un comercio colapsado por el hundimiento de la
producción industrial y la pérdida del mercado colonial. Esta
situación coincidió con una serie de factores que agravaron la
situación en el campo, como la restitución de los bienes a la
nobleza y a la Iglesia o la vuelta de la Mesta, además del
restablecimiento de los derechos jurisdiccionales. Todo esto explica
por que los campesinos apoyaron el pronunciamiento de 1820.
El
descontento no se limitó al campo y se extendió también entre los
grupos sociales urbanos a causa de la represión política, el
hundimiento económico, la pérdida del comercio, pero sobre todo
debido al aumento del paro.
Pero
el principal problema de los débiles Gobiernos fernandinos fue la
quiebra financiera del Estado. Los ingresos medios eran de 650
millones de reales anuales, mientras que los gastos en el mismo
periodo de tiempo eran de 850, más la amortización de una deuda que
ascendía a 12.000 millones. Todos los ministros fracasaron en el
intento de recuperar a la Hacienda de tal situación.
Una
institución especialmente sensible fue el Ejército, el retraso en
el pago de las soldadas, las malas condiciones de vida, en los
cuarteles y sobre todo el envío de tropas a América.
Poco
a poco se reorganizó el movimiento clandestino liberal. Surgieron
círculos revolucionarios y sociedades masónicas secretas en las
principales ciudades y entre los oficiales. Se sucedieron
pronunciamientos y conspiraciones, el primero protagonizado por Espoz
y Mina en 1814, el general Porlier en 1815, la conspiración de
Richard en Madrid para asesinar al Rey en 1816, la de los generales
Lacy y Milans del Bosch en Barcelona en 1817, la del general Vidal
1819 y la conjura del Palmar en 1819.
Finalmente,
el pronunciamiento del comandante Rafael de Riego, jefe de las tropas
expedicionarias acantonadas en Cabezas de San Juan para ser enviadas
a América, el 1 de enero de 1820 tiene éxito y recibe el apoyo
popular necesario para triunfar, restaurándose la Constitución de
Cádiz.
El
Trienio Liberal (1820-1823)
Pasaron
dos meses entre el pronunciamiento y el triunfo del liberalismo. El
movimiento triunfó gracias al apoyo de otras guarniciones y sobre
todo a la irritación campesina. Finalmente Fernando VII tuvo que
jurar la Constitución de Cádiz el 7 de marzo.
El
periodo del Trienio se caracterizó por la inestabilidad
gubernamental debida a la propia división de los liberales, por un
lado los doceañistas, partidarios de un Gobierno fuerte , un sistema
de doble cámara, una libertad de prensa limitada, sufragio
censitario y la defensa de la propiedad y el orden social.
Representaban a la burguesía y a los diputados provenientes del
exilio, como Francisco Martínez de la Rosa. Por otro lado los
exaltados, jóvenes, radicales y partidarios de llevar al límite el
desarrollo de la Constitución: Cámara única, sufragio universal,
completa libertad de opinión y marcadamente anticlericales. Actuaban
en los clubes y Sociedades Patrióticas. Eran abogados, intelectuales
o jóvenes oficiales, como Rafael de Riego. Estos se hicieron con el
poder en 1822.
Una
segunda fuente de inestabilidad la constituyó la actitud
reaccionaria del Rey. Nombrando ministros absolutistas, haciendo
amplio uso del derecho de veto y sobre todo a la traición de pedir
secretamente una intervención extranjera a los miembros de la Santa
Alianza.
A
esta inestabilidad gubernamental se sumó la presión en la calle, se
produjeron levantamientos y focos guerrilleros en el Norte. Se
sucedieron continuas manifestaciones, algaradas en las calles y en
locales públicos (cafés, teatros), con enfrentamientos entre
partidarios radicales y las fuerzas militares. La proliferación de
prensa exaltada, las canciones populares y la sátira florecieron en
un clima de intolerancia hacia los llamados serviles.
A
lo largo de estos tres años las Cortes aprobaron una legislación
reformista que tenía la intención de acabar con el Antiguo Régimen.
Supresión de la vinculación de la tierra en todas sus formas,
mayorazgo, tierras eclesiásticas y comunales.
Desamortización de bienes de propios y baldíos, para amortizar
deuda y compensar a los militares retirados. Fue un fracaso, ya que
las tierras fueron a parar a manos de grandes propietarios y se
recaudó menos de lo esperado.
Desamortización eclesiástica: tierras de conventos, que casi no
hubo tiempo de llevarla a la práctica.
Reducción del diezmo a la mitad. Consiguiendo el rechazo de la
Iglesia y el descontento campesino.
Establecimiento de una contribución directa sobre la propiedad
que debía aplicarse a partir de 1822.
Restablecimiento del decreto de 1813 que declaraba la libertad de
contratación, explotación y comercialización de la producción
agraria, que produjo un aumento de los arrendamientos.
Las
consecuencias de esta política fueron negativas, al no mejorar la
situación campesina, consolidar la gran propiedad y en definitiva
consiguió el alineamiento del campesinado a favor de la reacción
absolutista.
La
política religiosa estuvo marcada por el anticlericalismo y la
defensa visceral del poder del Estado. Se exigió a los clérigos el
juramente de la Constitución y el estudio de la misma en las
escuelas, así como su explicación desde los púlpitos. Volvieron a
suprimirse el Tribunal de la Inquisición y la Compañía de Jesús.
Pero la medida más importante fue la Ley de Supresión de Monacales,
que disolvía todos los conventos regulares, salvo los ocho de mayor
valor histórico y artístico, las órdenes pasaban a depender de los
obispos, se prohibía aceptar nuevos novicios y se desamortizaban sus
bienes para amortizar la deuda. La consecuencia de toda esta
legislación fue el enfrentamiento con la Iglesia.
Otro
aspecto de la legislación reformista fue la reorganización militar
y policial. La Ley Orgánica del Ejército establecía su
subordinación al poder civil, una mejor instrucción, un sistema de
ascensos más ágil, una mejora en los sueldos y el principio de
desobediencia a toda orden que tendiera a atentar contra el orden
constitucional. Se restablecía la Milicia Nacional. La Ley de Orden
Público establecía garantías para la defensa del nuevo orden
Constitucional. La consecuencia de todo ellos fue la legitimación de
la participación del Ejército en la vida política.
La
reforma educativa se abordó a través del Reglamento General de
Instrucción Pública, que establecía la secularización de la
enseñanza como principio, la centralización del sistema educativo,
su extensión gradual, su ordenación en tres niveles (primaria,
secundaria y primaria), y la regulación de la enseñanza privada.
Prohibía los castigos corporales y la educación mixta.
El
problema de la Hacienda se afrontó asumiendo la deuda del Gobierno
anterior. Se procedió a una devaluación y a un recorte de los
gastos y posteriormente se suscribieron créditos en el extranjero
para invertir en obras públicas. El sistema definitivo que debía
entrar en vigor en 1823 se basaba en la Contribución Territorial
única y Directa, un impuesto sobre la propiedad de la tierra, y en
los llamados consumos o impuestos indirectos.
El
fracaso del Trienio se precipitó en realidad por la acción del
movimiento contrarrevolucionario que actuó en torno a la figura del
Rey. En 1822 se produjo un intento de golpe militar por parte de la
Guardia Real, que fue sofocado por el Ejército y la Milicia
Nacional. Fue entonces cuando los exaltados se hicieron con el
Gobierno dirigidos por Evaristo San Miguel. Otro intento fueron las
guerrillas que se formaron en el Norte desde 1821. Se formaron varias
regencias al otro lado de los Pirineos y en la primavera de 1822 las
tropas realistas tomaron Urgell. EL Ejército de Cataluña mandado
por Espoz y Mina consiguió recuperar la localidad tras seis meses de
combates.
El
golpe definitivo se produjo tras el Congreso de Verona de 1822, donde
las potencias de la Santa Alianza acordaron intervenir en la
Península. Un ejército francés al mando del duque de Angulema, los
Cien Mil Hijos de San Luis, junto a 35.000 voluntarios realistas
entraron en España en abril de 1823, en octubre liberaban al Rey en
Cádiz devolviéndole su poder absoluto.
La
Década Ominosa (1823-1833)
La
llamada por los liberales década ominosa está presidida por la
vuelta atrás, el retorno del absolutismo, la represión y el terror
frente a los liberales, la inoperancia económica y las presiones de
los ultrarreaccionarios.
Ya
desde la entrada de los franceses se formaron primero una Junta
Provisional y, semanas después, una Regencia. Las medidas tomadas,
que serán luego ratificadas por Fernando VII, tuvieron como doble
objetivo, la vuelta al Antiguo Régimen y la represión
indiscriminada de los liberales. Entre esas medidas destaca, la
restitución de los ayuntamientos de 1820, la revocación de todos
los nombramientos y ascensos civiles y militares producidos durante
el Trienio, la restauración del sistema fiscal tradicional, el
restablecimiento del diezmo y la disminución del subsidio que la
Iglesia pagaba al Estado, la anulación de las desamortizaciones y de
la supresión de las órdenes monásticas y la restauración del
régimen jurisdiccional. Fernando VII en su decreto de 1 de octubre,
ratificó todas estas medidas y declaró nula toda la legislación
del Trienio.
En
el Ejército se organizaron Comisiones Militares, que procesaron a
todos los oficiales que desempeñaron papeles importantes durante el
Trienio, de 1.094 casos se ejecutó a 132 de ellos, incluido Rafael
de Riego, y se envió a 435 a prisión. Las Juntas de Purificación
fueron las encargadas de depurar a todos los funcionarios, empleados
públicos y profesores de tendencia liberal. Su acción fue rigurosa,
suspendiendo de sueldo a los sospechosos y emprendiendo una auténtica
caza de brujas, que condenó a muerte, a la cárcel y a la
expropiación a miles de personas que habían colaborado con los
Gobiernos del Trienio. Muchos optaron por el exilio.
En
cuanto a la Inquisición, fue sustituida por Juntas de Fe, que se
encargaron de vigilar todas las publicaciones y opiniones para evitar
cualquier propaganda liberal.
Además
se creó el Voluntariado Realista, que integrado por absolutistas
sustituyeron a la Milicia Nacional y actuaron agudizando la represión
por su cuenta. Por otro lado Fernando VII pidió la permanencia de
las tropas francesas.
Hasta
1825 la represión fue durísima. El ministro de Justicia desde 1824,
Calomarde, desempeñó un papel protagonista y la persecución
política continuó hasta 1828 afectando a cerca de 80.000 personas.
La
vuelta al absolutismo no fue, sin embargo, idéntica a la de 1814. Se
empezó por crear el Consejo de Ministros en noviembre de 1823. Se
emprendió una fuerte restricción de gastos y se introdujo un
presupuesto formal. Se mantuvo la definitiva abolición de la
Inquisición, y en conjunto, Fernando VII intentó mantenerse alejado
de los absolutistas más radicales, contando incluso con algunos
ministros como Cea Bermúdez o López Ballesteros.
La
crisis económica continuó agravándose. En la agricultura, por la
persistente caída de los precios, la vuelta de la Mesta, la presión
fiscal y la falta de mercados. Se aprobó la Ley de Minas, intentando
impulsar la producción. Pero sólo la industria textil catalana
apunta en estos años un ligero crecimiento. En cuanto al comercio,
el hundimiento del mercado colonial supuso un auténtico mazazo. En
1829 se aprobó el Código el Comercio y en 1831 se creó la Bolsa.
Pero el Gobierno se mostró incapaz de abordar el problema de la
Hacienda, aunque López Bravo consiguió que se disminuyeran los
gastos y que los ministerios se atuvieran a un presupuesto durante
esos años. El Tesoro se mantuvo durante esos años gracias a los
préstamos exteriores. En conjunto, en 1830 la deuda no había sido
amortizada más que en un 7% mientras que se había multiplicado por
siete la deuda exterior. La bancarrota era poco menos que inevitable.
Todo
ello, pese a no ser más que tibias reformas, provocó levantamientos
realistas y generó la reivindicación del trono para el hermano del
Rey, el infante don Carlos. Los realistas comenzaron a criticar la
obra de gobierno del Rey. Poco a poco los realistas fueron
radicalizando sus posturas y comenzaron a apoyar a Carlos María
Isidro que conspiraba abiertamente por la Corona. Tras la aparición
de un Manifiesto de los Realistas Puros en 1826 que apoyaba el relevo
en el Trono en 1827 estalló una insurrección general en el Pirineo
catalán, la Guerra de los Agraviados. La gravedad de la situación
hizo que el propio Rey a viajar a Cataluña. Era el comienzo del
carlismo.
Aún
así continuaron produciéndose conspiraciones liberales, Espoz y
Mina desde el Norte y la del general Torrijos que será ejecutado en
Málaga.
El
final del reinado se vio marcado por la cuestión sucesoria. Fernando
no tenía descendencia pese a sus tres matrimonios previos, así que
en 1829 se casó con su sobrina María Cristina de Borbón, que a los
pocos meses queda embarazada planteando el problema sucesorio. Los
absolutistas moderados aliados con los liberales y sectores de la
aristocracia partidaria de las reformas políticas y económicas
apoyaron a la nueva reina, en quien veían la única posibilidad de
cambio. Por otro lado los absolutistas intransigentes se alineaban
con don Carlos.
Fernando
VII promulgaba el 29 de marzo de 1830 la Pragmática Sanción que
eliminaba la Ley Sálica y restablecía la línea sucesoria de las
Partidas. Significaba poner en vigor una decisión aprobada por las
Cortes de 1789, lo que, si bien era legal desde el punto de vista
jurídico, no dejaba de ser una medida polémica. Protestada por los
carlistas como un atentado contra los derechos de infante don Carlos,
se convirtió en un conflicto de primera magnitud cuando en octubre
nace la infanta Isabel, convertida en heredera.
En
septiembre de 1832 se van a producir los sucesos de la Granja, cuando
sucesivas intrigas palaciegas, ante el lecho del Rey agonizante,
consiguen que Fernando firme la supresión de la Pragmática. Pero,
sorprendentemente el Rey se restablece y vuelve a ponerla en vigor.
Inmediatamente destituye a los principales ministros carlistas,
defenestrando a Calomarde y sustituyéndole por Cea Bermúdez, al
tiempo que la reina María Cristina es autorizada a presidir el
Consejo de Ministros. Rápidamente de decreta la reapertura de la
Universidades, cerradas desde 1830 por Calomarde, y se decreta una
amnistía general, que libera a los presos políticos y permite la
vuelta de los exiliados. Los capitanes generales más intransigentes
fueron sustituidos por mandos fieles a Fernando VII y en abril Carlos
abandona la Corte y se traslada a Portugal.
Finalmente
Fernando VII muere en septiembre de 1833, tras ella el Manifiesto de
Abrantes provocará una Guerra Civil que no terminará hasta 1840.
