En el verano de 1923 los rumores sobre un golpe de Estado estaban a la orden del día. Las circunstancias que llevaron a la Dictadura fueron variadas. En primer lugar, estaban las circunstancias de Annual: los 13.000 muertos y la humillación militar recibida pesaban como una losa sobre los militares y la opinión pública. La derrota provocó dos movimientos opuestos; en el Ejército, de exigencia de un cambio de timón político para vengar la humillación sufrida; y en la opinión pública, de indignación y oposición a la continuidad de la guerra, al tiempo que de exigencia de responsabilidades a los culpables. Por otro lado, la instrucción del expediente Picasso provocó fuertes fricciones en las Cortes y en el estamento militar. Se derivaban responsabilidades del Alto Comisario en Marruecos, el general Berenguer, y del mismo Rey por instigar imprudentemente a Silvestre. Además la disolución de las Juntas de Defensa en 1922 contribuyó a soliviantar a los cuarteles.
El auge del nacionalismo en Cataluña y el País Vasco era visto con recelo por los grupos más conservadores. Pese a que la Lliga de F. Cambó había participado en varios de los Gobiernos de coalición la Mancomunidad era vista como una seria amenaza a la unidad nacional, y la postura más radical del PNV mucho más, aunque era un partido minoritario y escindido en dos. El surgimiento en 1921 de Acció Catalana, escindida de la Lliga, contribuyó a aumentar la alarma. La división de los partidos conservador y liberal y el ascenso de socialistas y republicanos alarmaba a la oligarquía. Además, en 1921 había sido fundado, como una escisión de las Juventudes Socialistas, el Partido Comunista de España. La situación del orden público también asustaba a las clases más acomodadas. Un gobierno autoritario podía ser el freno definitivo a tantos temores.
La opinión pública, desengañada del régimen y exasperada por la corrupción política, el alza de precios y la cuestión marroquí presionaban en el mismo sentido. La posibilidad de un “hombre de hierro” que pusiera “orden” y practicara una política “quirúrgica” para acabar con las lacras de la Restauración comenzó a ganar adeptos. Dos factores añadidos completaban la situación de crisis. En primer lugar, la actuación del rey Alfonso XIII, quien con su apoyo explícito al Dictador en las horas clave del golpe ligó para siempre el futuro de la Monarquía al de la misma Dictadura. El otro factor era el contexto internacional. La violenta crisis económica, el trauma de la Gran Guerra, el triunfo de la revolución y el establecimiento del comunismo y el temor a su generalización hicieron que en 1922 Mussolini marchara sobre Roma y formase Gobierno. La invasión francesa de Ruhr y el intento de golde de Estado de Hitler coinciden también el mismo año.
La conspiración se fue fraguando desde las elecciones de primavera. En junio un grupo de generales llegaron al acuerdo de preparar un golpe para instaurar un Gobierno fuerte. En los primeros días de septiembre acordaron que fuera Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, quien lo dirigiera. Popular entre la burguesía y patronal catalana por su talante duro frente a los anarquistas, Primo de Rivera se sublevó el 12 de septiembre contra el Gobierno. El golpe triunfó gracias al silencio, primero, y al apoyo, más tarde, de Alfonso XIII, quien acabó en la mañana del día 14 encargando al general formar Gobierno. El nuevo régimen se presentó al país a través de un Manifiesto, como un proyecto de regeneración, un “paréntesis de curación” de los males del país, tratando de corregir los defectos del sistema político y de eliminar el caciquismo. El día 15 el Rey aceptó la propuesta de nombrar ministro único al general Primo de Rivera, a quien asistiría, a título consultivo, un Directorio Militar.
El Directorio Militar (1923-1925)
Primo de Rivera declaró el estado de guerra en todo el territorio, sustituyó a todos los gobernadores civiles por militares, que asumieron todo el poder en las provincias, y cambió a la mayor parte de los altos cargos de la Administración por mandos militares. Decretó la suspensión de las garantías constitucionales, disolvió el Congreso y la parte electiva del Senado y estableció una férrea censura de prensa. Hasta el mes de diciembre, el dictador contó, pese a la dureza de las decisiones tomadas, con bastante respaldo popular.
La acción política de aquellos dos años se encaminó a acabar con los viejos partidos de la Restauración y el régimen parlamentario. Sin embargo, la oligarquía de terratenientes e industriales, que siguió dominando la vida económica y social. Además, la acción de la Dictadura fue contradictoria. Tras cesar a todos los concejales del país, sustituidos por vocales asociados, la reforma de la Administración local se concretó en el Estatuto Municipal de 1924. Obra directa de José Calvo Sotelo, buscaba una mayor autonomía económica de los municipios y acabar con el caciquismo. Se realizaron inversiones en riegos, alcantarillado, obras públicas, dotaciones escolares y sanitarias. Los Gobernadores continuaron nombrando alcaldes y diputados provinciales, lo que hizo aumentar la tendencia a la centralización y al control férreo del Estado.
Para reforzar a las fuerzas de orden público Primo de Rivera quiso extender la institución catalana del Somatén a todo el país. Se trataba de crear un cuerpo armado auxiliar y contrarrevolucionario adicto al régimen, a imitación del modelo italiano y amparado por la Ley de Jurisdicciones de 1906. En abril de 1924 se decidió unificar desde arriba las distintas Unidades Patrióticas que habían surgido para crear un nuevo partido, la Unión Patriótica, bajo la dirección de un militar.
El regionalismo fue otro de los problemas que tuvo que afrontar el nuevo régimen. El Dictador demostró que regionalismo y separatismo eran para él sinónimos. Se prohibió el uso de la bandera catalana y su himno de Els Segadors, fue restringido el uso del catalán al ámbito privado, la Mancomunidad fue languideciendo y se llegó a cerrar el campo de fútbol del Barcelona.
El gran éxito del Directorio Militar fue terminar con la guerra de Marruecos. Curiosamente, Primo de Rivera era al principio partidario de abandonar la guerra y negociar, por eso en 1924 disminuyó los efectivos y se retiró de Yebalá y Xauen. Su posición provocó una reacción airada y hostil de los africanistas Sanjurjo, Queipo, Millán Astray y Franco. En una visita del Dictador a Marruecos algunos oficiales llegaron casi a la insubordinación. En abril de 1925, al penetrar el jefe rifeño en la zona del protectorado de los franceses, causando hasta 6.000 majas, estos propusieron una operación conjunta. Se acordó un desembarco en la retaguardia marroquí, que tuvo lugar en la bahía de Alhucemas el 8 de septiembre de 1925. A mediados de 1926 Adb-el-Krim se entregó a los franceses, terminando así la guerra. La victoria en Marruecos colocó a Primo de Rivera en la cumbre de su prestigio.
El Directorio Civil (1925-1930)
En diciembre de 1925, Primo de Rivera propuso al Rey la sustitución del Directorio Militar por un Gobierno civil. En el nuevo Gobierno permanecía un militar, Martínez Anido en Gobernación, y ocupaban las principales carteras Calvo Sotelo, en Hacienda, y el conde de Guadalhorce en Fomento. El Ejército retornaba a los cuarteles, aunque permanecían suspendidas la Constitución y las libertades.
Se formó una Asamblea Nacional Consultiva en 1927, constituida por 400 miembros elegidos mediante sufragio restringido por municipios, provincias, Iglesia, Ejército, sectores de la cultura, intereses económicos, etc. Se le encargó la redacción de una nueva Constitución, el proyecto se presentó en 1929. No gustó a nadie y el mismo Dictador se encargó de “guardarla en un cajón”. La Dictadura no encontró una base política para su continuidad y solamente la prosperidad económica explica su supervivencia. Las inversiones en obras públicas, carreteras y obras hidráulicas, son muestra de esa política, pero a costa del crecimiento de la deuda pública.
Otro aspecto destacado de la acción de la Dictadura fue la política social. En 1924 se creó el Consejo Nacional del Trabajo, estando al frente del ministerio de Trabajo Eduardo Aunós, se aprobó una legislación de corte paternalista pero positiva para los trabajadores. En 1926 se aprobó el Código del Trabajo, ese mismo año el subsidio de familias numerosas, en 1929 el seguro de maternidad etc. En 1926 se creó la Organización Corporativa del Trabajo, una organización mixta para la regulación de los problemas laborales. Se organizaban comités paritarios. La OCT funcionó razonablemente bien y la propia UGT llegó a colaborar permitiendo que Largo Caballero entrara en el Consejo Nacional del Trabajo.
A nivel económico el nuevo régimen optó por el dirigismo. Coincidiendo con un periodo de expansión económica, los felices años veinte, se llevó a cabo una política económica fuertemente dirigida. Que obtuvo algunos éxitos iniciales. Se aprobó un presupuesto extraordinario el años 1926, que permitió al Estado invertir grandes remesas de dinero en obras públicas. Se construyeron nuevas carreteras, ferrocarriles y obras hidráulicas (Confederación Hidrográfica del Ebro, 1926) Se favoreció el desarrollo de la industria siderúrgica y del cemento. Por otra parte, el Estado subvencionó grandes empresas deficitarias y practicó una política decididamente proteccionista estableciendo aranceles a las importaciones.
También se crearon una serie de monopolios. Así, con la ITT norteamericana, fundó la Compañía Telefónica Nacional de España (1924) y, en 1927, Iberia (empresa de transportes aéreos) y CAMPSA (Compañía Arrendataria de Monopolios del Petróleo S.A.) Además, en 1929 las exposiciones, Universal de Barcelona e Iberoamericana de Sevilla pretendían demostrar el desarrollo económico. Cuando a finales de 1929 se produjo el crack de la Bolsa de Nueva York, fue necesario devaluar la peseta y tomar otra serie de medidas para paliar la crisis, lo que hizo perder mucho crédito al dictador entre la burguesía.
Pero desde 1927, el fracaso de la Dictadura a la hora de renovarse, junto a la irritación de los grupos de oposición por el inmovilismo y el desgaste de la monarquía, hicieron revivir las movilizaciones. La oposición al régimen abarcó un amplio espectro político. En primer lugar, parte de los políticos de los partidos del turno se negó a colaborar con Primo de Rivera y exigió a Alfonso XIII el restablecimiento de la Constitución. Ante la negativa del Rey se fueron alejando del monarca practicando el retraimiento de la actividad política. El movimiento republicano se fue recuperando y en 1926 creaba la Alianza Republicana, con 100.000 afiliados.
También dentro del Ejército creció el descontento. Rivalidades personales, arbitriaridades en los ascensos, diversos incidentes, como la sanjuanada de 1926 del Arma de Artillería, la oposición de sectores liberales como Queipo o viejos generales como Weyler o Aguilera, fueron creando un clima de malestar castrense. En 1929 y 1930 eran muchos los oficiales proclives a conspirar contra Primo de Rivera.
Igualmente creció la oposición entre los intelectuales. Aunque algunos siguieron apoyando la Dictadura como Ramiro de Maeztu o Eugenio D´Ors, la mayoría se opuso, como Unamuno, Marañón, Ortega y Gasset o Jiménez de Asua. A partir de 1927 y especialmente desde 1929 la izquierda obrera volvió a movilizarse. Al igual que los estudiantes universitarios de la FUE, a lo que respondió la autoridad cerrando la Universidad Central de Madrid y deteniendo a su líder, Sbret. Como protesta varios intelectuales renunciaron a sus cátedras. En otoño de 1929 se desencadenó el desplome financiero internacional. A las manifestaciones estudiantiles se sumó una oleada de huelgas obreras, industriales y financieros criticaban irritados la política gubernamental.
El 27 de enero de 1930 el Dictador presentó su dimisión al Rey, el cual la aceptó. Tras despedirse del país con un nuevo Manifiesto se exilió en París, donde murió pocas semanas más tarde.
El Gobierno de Berenguer
Alfonso XIII encargó la formación de Gobierno al general Dámaso Berenguer, Jefe de la Casa Militar del Rey. Su objetivo era la vuelta al régimen constitucional, como si nada hubiese ocurrido a partir de 1923. Pero ni Berenguer era un hábil político, ni tuvo suficiente apoyo. Sólo miembros de la oligarquía financiera y caciquil, como La Cierva o el conde de Romanones, se prestaron a entrar en el gabinete. La lentitud y la falta de reformas fueron minando mes a mes el poco prestigio que todavía quedaba. El Gobierno fue calificado por la prensa como La Dictablanda. Además el Gobierno cometió el error de desarrollar una política económica de restricción en la inversión y de eliminación de gastos públicos para equilibrar el presupuesto.
A lo largo de 1930 la oposición fue creciendo. Muchos políticos de prestigio como Sánchez Guerra se declararon “monárquicos sin rey” y otros como Alcalá-Zamora o Miguel Maura se declararon republicanos. Sólo La Cierva o Ángel Herrera mantuvieron su apoyo al Rey a través de la Unión Monárquica Nacional. El movimiento republicano experimentó en aquel año un auge y un crecimiento de su popularidad decisivo, al cual se le sumaron los regionalistas catalanes y gallegos. También el movimiento obrero pasó a defenderla, PSOE, UGT y hasta la CNT. Igualmente intelectuales, estudiantes de la FUE y hasta los jóvenes oficiales del cuerpo de aviación o el arma de Artillería se unieron a los grupos republicanos.
En agosto de 1930 se reunieron los representantes de los principales partidos republicanos, quienes firmaron el Pacto de San Sebastián, que tenía como dos puntos básicos: derrocar a Alfonso XIII y convocar unas Cortes constituyentes. Se organizó un Comité revolucionario presidido por Alcalá-Zamora. Hasta el PSOE y la CNT decidieron apoyar la conspiración Se preparó un golpe militar para el 15 de diciembre, dirigido por Queipo de Llano y Ramón Franco. El día 12, sin embargo, los capitanes Fermín Galán y García Hernández se adelantaron y se sublevaron en Jaca. Fácilmente reducidos fueron juzgados y ejecutados. La mayor parte de los miembros del comité revolucionario eran detenidos y encarcelados. Los conjurados intentaron la sublevación en Cuatro Vientos, pero ante el fracaso se exiliaron en Portugal.
Mientras se instruían los procesos judiciales sindicatos y estudiantes desencadenaban una ola de movilizaciones. Berenguer se encontraba casi sin apoyos y ese mismo mes no le quedó más remedio que anunciar su decisión de convocar elecciones. Monárquicos anti-alfonsinos reclamaron que las Cortes fuesen constituyentes y que previamente se realizasen elecciones municipales. Berenguer presentó su dimisión el 14 de febrero de 1931, siendo sustituido por el almirante Aznar. Éste se limitó a convocar elecciones municipales para el 12 de abril. En las semanas siguientes, el Tribunal que juzgaba a los sublevados en Cuatro Vientos a los miembros del Comité Revolucionario impuso condenas muy leves, al admitir el argumento de que se sublevaban contra una Dictadura y no contra la Constitución. El juicio fue un auténtico mitin republicano, y los acusados salieron en libertad, ante el escándalo de la prensa monárquica.
Las elecciones del 12 de abril se realizaron sin incidentes. Aunque la mayoría de los concejales elegidos eran monárquicos, los republicanos habían ganado de manera contundente en prácticamente la totalidad de las capitales de provincia y en las ciudades importantes. Como reconoció el propio almirante Aznar a los periodistas el día 13, el país “se había acostado monárquico y se había levantado republicano”. El día 14 se proclamaba la IIª República.
MEMORIA DE ESPAÑA: LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
